“Luis Redondo no tenía facultades para hacerlo”: abogado Oliver Erazo cuestiona publicación de la ley de la CICIH
El abogado, Oliver Erazo, aseguró que el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no tenía facultades legales para ordenar la publicación en el diario oficial La Gaceta de la ley relacionada con la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como querellante autónomo.
Según el jurista, el decreto fue publicado el pasado 22 de enero, cuando Redondo ya no ostentaba el cargo de presidente del Poder Legislativo, lo que, a su criterio, constituye una violación al procedimiento constitucional.
“Luis Redondo no podía mandar a publicar algo que nunca fue aprobado por el pleno del Congreso ni votado conforme a la Constitución”, afirmó Erazo.
Señalamientos de ilegalidad e inconstitucionalidad
Erazo calificó la acción como ilegal e inconstitucional, al asegurar que el decreto no fue sometido a discusión ni aprobación por los 128 diputados y que, además, introduce una figura procesal que invade las atribuciones del Ministerio Público.
“Estamos frente a una acción inconstitucional, totalmente ilegal y constitutiva de delito, porque se pretende crear una figura que irrumpe con el monopolio de la acción penal pública”, sostuvo.
El abogado agregó que esta decisión representa una usurpación de la soberanía popular y del principio de democracia representativa.
“Nadie puede reformar la Constitución o crear figuras penales de forma unilateral”, enfatizó.
Llamado al Congreso y al Ministerio Público
El profesional del Derecho hizo un llamado al actual pleno del Congreso Nacional para que actúe conforme a la ley y siente un precedente que evite este tipo de prácticas en el futuro.
“Los 128 diputados deben asumir su responsabilidad y poner este tema en la agenda legislativa, incluso a través de juicios políticos si corresponde”, expresó.
Asimismo, instó al Ministerio Público y a la Fiscalía de Protección a la Constitución a analizar la publicación del decreto y proceder conforme al ordenamiento jurídico.
“En derecho, las cosas se deshacen como se hacen, pero alguien tiene que responder por estas acciones”, concluyó.
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Redondo publica ley de la CICIH al cierre del CN y diputados dicen desconocerla
Como uno de los movimientos más polémicos al cierre del período legislativo anterior, el entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ordenó la publicación del Decreto 48-2025 que otorga base jurídica a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pese a que parlamentarios aseguran que la norma nunca fue plenamente socializada ni discutida en la agenda legislativa.
La publicación apareció en el diario oficial La Gaceta el 22 de enero de 2026, apenas cinco días antes del cambio de gobierno, generando fuertes cuestionamientos sobre la oportunidad política y la legalidad del procedimiento, especialmente porque la aprobación original se había producido en junio de 2025 en medio de reclamos por falta de debate parlamentario.
Diversos sectores consideran inusual que una ley de alto impacto institucional aparezca publicada al final de un mandato, mientras varios congresistas aseguran no haber tenido claridad sobre su contenido definitivo ni sobre su trámite final.
¿Qué establece el Decreto 48-2025?
La normativa aprobada consta de 10 artículos y establece el marco legal para permitir la operación en Honduras de la CICIH como un mecanismo internacional destinado a investigar redes de corrupción público-privadas de alto impacto.
Entre los puntos centrales se establece que la comisión podrá actuar como querellante autónomo y acusador privado, con facultades para investigar, presentar requerimientos fiscales y comparecer en procesos judiciales junto al Ministerio Público de Honduras. Además indica que la CICIH subsistirá con fondos nacionales.
La ley en el artículo 1 reconoce jurídicamente a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras como querellante autónomo y acusador privado en Honduras por un período de cinco años, además de establecer que el Fiscal General deberá acreditar legalmente a sus integrantes para que puedan actuar dentro de procesos penales.
En tanto, el artículo 2 explica que la comisión podrá investigar delitos de corrupción y participar en juicios junto al Ministerio Público de Honduras, especialmente en casos de alto impacto contra fondos públicos.
A renglón seguido, el artículo 3 establece que la comisión podrá recibir denuncias ciudadanas y remitir al Ministerio Público aquellos casos que no correspondan a su competencia.
Posteriormente, el artículo 4 señala que la CICIH podrá seleccionar los casos a investigar según su gravedad y el impacto económico y social, incluso si los hechos ocurrieron en el pasado o tuvieron efectos fuera del territorio nacional.
Seguidamente, el artículo 5 indica que la comisión deberá actuar siempre respetando la Constitución hondureña, las leyes nacionales y los tratados internacionales vigentes.
De igual forma, el artículo 6 dispone que el financiamiento de la comisión podrá provenir tanto del Estado hondureño como de aportes de cooperación internacional.
Luego, el artículo 7 establece que el personal de la comisión gozará de inmunidades y privilegios similares a los otorgados a funcionarios internacionales, incluyendo protección judicial y beneficios fiscales.
¿Camisa de fuerza para el nuevo gobierno?
La discusión política ahora gira en torno a si la ley deja comprometido al nuevo gobierno para instalar la CICIH o si puede quedar simplemente como un instrumento legal sin aplicación.
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía sostiene que la ley no es suficiente para traer la comisión.
“La ley está vigente, pero no necesariamente garantiza la llegada del mecanismo internacional. Ahora corresponde a las fuerzas políticas cumplir con las reformas pendientes”, explicó.
Por su parte, algunos diputados oficialistas consideran que la publicación podría incluso ser irregular debido a la forma en que fue aprobada y difundida.
Críticas al gobierno anterior por no concretar el acuerdo
Sectores de oposición también cuestionan que durante la administración de Xiomara Castro no se firmara el convenio definitivo con Naciones Unidas, pese a que la instalación de la CICIH fue una de las principales promesas políticas.
Según críticos, durante cuatro años existió la oportunidad de concretar el acuerdo, pero el proceso quedó estancado.
Ley vigente, pero comisión aún en suspenso
Aunque el país quedó jurídicamente habilitado para instalar la comisión, su llegada depende todavía de negociaciones internacionales y reformas legales pendientes, por lo que el mecanismo sigue siendo incierto.
La controversia ahora se centra en si el decreto representa un verdadero paso hacia la lucha contra la corrupción o si fue una decisión política de último momento que deja la responsabilidad al nuevo gobierno.
Por ahora, la CICIH existe en papel, pero su instalación real sigue siendo una incógnita en el tablero político hondureño.
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