Las nuevas autoridades del Gobierno que asumen funciones a partir de este martes anunciaron la eliminación de 38 instituciones públicas, de un total de 112 que operan a nivel nacional, una medida que forma parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por la administración del presidente electo.

Según explicaron los funcionarios designados, la decisión ha recibido el respaldo de la mayoría de los sectores del país y responde a la necesidad de racionalizar el gasto público, mejorar la eficacia y eficiencia del sector estatal y corregir una estructura gubernamental que calificaron como sobredimensionada y, en muchos casos, deficiente en el cumplimiento de sus funciones.

Duplicidad de funciones y gasto excesivo

De acuerdo con las nuevas autoridades, varias de las instituciones que serán eliminadas o fusionadas duplican funciones y, en algunos casos, habrían sido utilizadas para ubicar activistas en cargos con altos salarios, lo que incrementó el gasto estatal sin resultados concretos para la población.

Con esta reducción institucional, el gobierno entrante busca eliminar gastos asociados al alquiler de vehículos, viáticos y dietas, lo que representa un ahorro anual cercano a los 15 mil millones de lempiras, según estimaciones oficiales.

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Austeridad y eficiencia como eje del nuevo gobierno

Funcionarios y analistas coinciden en que el aparato estatal ha estado sobredimensionado, generando una burocracia que limita la eficiencia del gasto público. En ese contexto, la nueva administración ha reiterado su compromiso de austeridad, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.

“Trabajar primero con austeridad significa tratar de hacer eficiente el gasto público”, señalaron representantes del nuevo gobierno, al justificar la medida como un paso necesario para sanear las finanzas estatales.

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Sociedad civil pide cautela en la aplicación

Representantes de la sociedad civil consideran que la eliminación de instituciones puede ser una medida positiva, pero advierten que debe aplicarse con cautela. Señalan que algunas entidades, aunque poco visibles, cumplen funciones clave en áreas sensibles como derechos humanos, seguridad y atención a sectores vulnerables.

Advierten que antes de desaparecer o fusionar instituciones es necesario analizar las razones específicas detrás de cada decisión, para evitar debilitar compromisos del Estado en áreas estratégicas. Como ejemplo, mencionan que dependencias como la Secretaría de Derechos Humanos pueden parecer irrelevantes para algunos sectores, pero son fundamentales para el cumplimiento de responsabilidades nacionales e internacionales.

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