Presidenta de la CSJ pide reformas constitucionales contra la v*olenc*a doméstica y frenar impunidad
Durante los actos de inauguración de la primera legislatura del Congreso Nacional (CN), la presidenta de la Corte Suprema de Justicia presentó el informe de gestión 2025, señalando los principales logros y desafíos del Poder Judicial.
En su intervención, hizo un llamado al Congreso Nacional para respaldar reformas legales relacionadas con la violencia doméstica y solicitó una mayor asignación presupuestaria.
Obando enfatizó que la sociedad exige acciones concretas y urgentes para frenar la impunidad y proteger a las víctimas.
Respaldo del Legislativo
La presidenta pidió el respaldo de los diputados para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, elaborado en conjunto con el Ministerio Público, la Policía y organizaciones de la sociedad civil.
Según sus palabras, estas reformas buscan cerrar las puertas a la impunidad y garantizar justicia firme para las mujeres.
Además, recordó que cada año ingresan alrededor de 15,000 denuncias por violencia de género, de las cuales más de 10,000 generan acciones judiciales, aunque aún insuficientes para atender la magnitud del problema.
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Violencia contra las mujeres
En 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo 50 fueron judicializadas y apenas 10 tipificadas como feminicidios.
Obando también solicitó que se garantice la asignación constitucional de no menos del 3% de los ingresos corrientes para el Poder Judicial, como base mínima para responder a las demandas de justicia en el país. “En Honduras las mujeres queremos vivir, no sobrevivir”, expresó con firmeza, subrayando la necesidad de que el Estado fortalezca el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
Finalmente, felicitó a las 36 diputadas que integran el Congreso Nacional e instó a levantar la voz con dignidad en defensa de los derechos de las mujeres. Sus declaraciones posicionan al Poder Judicial como un actor clave en la lucha contra la violencia de género y marcan un punto de presión política sobre el Legislativo para aprobar reformas urgentes y garantizar recursos suficientes.









