El abogado constitucionalista Ramiro Medina, aseguró que el decreto 58-2025, aprobado recientemente en el Congreso Nacional, carece de validez legal y constitucional, al no haber cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución de la República para su aprobación.

Durante una entrevista, el jurista afirmó que el país atraviesa una situación política compleja, marcada por decisiones legislativas que, a su criterio, no se ajustan al marco constitucional vigente.

Falta de mayoría calificada, según el abogado

El entrevistado explicó que el artículo 51 de la Constitución establece claramente el procedimiento para la elaboración y sanción de decretos, especialmente aquellos que afectan el sistema electoral.

En ese sentido, señaló que la sesión en la que se aprobó el decreto no contó con la mayoría calificada requerida, que corresponde a dos tercios del pleno legislativo.

Aseguró que en la reunión únicamente participaron diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), incluyendo suplentes, lo que —según su análisis— impide incluso alcanzar una mayoría simple, mucho menos una mayoría calificada de 86 votos o más.

Lea también: Expertos llaman al Poder Judicial a pronunciarse ante recursos de recuento voto por voto

Recursos ya presentados ante la Corte Suprema de Justicia

El abogado recordó que ya se han presentado recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algunos de los cuales ya habrían sido admitidos.

Indicó que estos recursos buscan frenar la aplicación del decreto y proteger la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que —según dijo— solo puede ser reformada mediante una mayoría calificada, tal como lo establece la Constitución.

Escenario político y transición sin retroceso

Consultado sobre el escenario a corto y mediano plazo, el abogado sostuvo que el país se encamina por una ruta democrática normal, que incluye la elección de una junta directiva provisional del Congreso Nacional, seguida de la definitiva, y la toma de posesión del nuevo gobierno el próximo 27 de enero.

A su juicio, este proceso no tiene marcha atrás, independientemente de las acciones impulsadas desde el actual Congreso.

Lea también: Lista oficial del TJE: Estos son los recursos de apelación aceptados y rechazados

Señalamientos directos contra Luis Redondo

El jurista fue enfático al señalar que todas las acciones impulsadas por el presidente del Congreso, Luis Redondo, son ilegales, asegurando que estas podrían derivar en responsabilidades penales una vez concluya su gestión.

Además, cuestionó la legitimidad del actual presidente del Legislativo, afirmando que inició y concluye su período de forma ilegal, y criticó duramente el asesoramiento jurídico que lo acompaña.

Resultado electoral y rechazo ciudadano

El abogado también hizo referencia a los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, señalando que el pueblo hondureño retiró el respaldo político al actual oficialismo, al considerar que sus propuestas y acciones resultaron negativas y nocivas para el país.

Sostuvo que el soberano, mediante el voto, canceló el contrato político con el actual gobierno, cerrando así su ciclo en el poder.

Lea también: Sala de lo Constitucional admite recurso y ordena suspender investigaciones contra Ana Paola Hall

Expectativa por resolución de la Sala Constitucional

Finalmente, reiteró que será la Sala de lo Constitucional la instancia encargada de resolver los recursos presentados, y confió en que se otorgará algún amparo que frene la aplicación del decreto 58-2025, por considerarlo contrario a la Constitución.