El Congreso Nacional de la República de Honduras informó que, en cumplimiento de una moción aprobada por el Pleno Legislativo, remitió oficialmente al Ministerio Público el Informe Electoral 2025, elaborado por la Comisión Legislativa Especial de Investigación.

El documento fue enviado mediante el Oficio No. PCN-011-2026, fechado el 12 de enero de 2026, y dirigido al Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes en el marco de las competencias constitucionales y legales de la institución.

Solicitud de acciones penales

El informe solicita al Ministerio Público impulsar las acciones penales que resulten procedentes, incluyendo:

• La promoción de requerimientos fiscales.
• El enjuiciamiento de los responsables.
• La obtención de las condenas que en derecho correspondan.

Todo ello fundamentado en el Artículo 269, numeral 1, del Código Procesal Penal, que establece las atribuciones para la persecución penal en casos de presuntas irregularidades.

Controversia electoral

La decisión del Congreso se da tras las Elecciones Generales de 2025, un proceso que fue declarado inconcluso por el Legislativo debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no realizó un escrutinio general completo de las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos.

El Decreto No. 58-2025, aprobado en sesión extraordinaria el 8 de enero y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero, ordenó un nuevo escrutinio total y abrió la puerta a posibles acciones penales por irregularidades detectadas.

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Compromiso con la legalidad y transparencia

El Congreso Nacional reafirmó que esta actuación se realiza en estricto apego a la Constitución de la República, al marco legal vigente y al principio de separación de poderes.

Asimismo, reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa irrestricta de la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones.

Finalmente, el Poder Legislativo aseguró que continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales con responsabilidad institucional, garantizando que los procesos electorales se desarrollen conforme a la ley y que cualquier irregularidad sea investigada y sancionada por las instancias competentes.

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