La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) informó este martes que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aplicará un ajuste en la estructura tarifaria vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de reflejar los costos reales de generación y distribución de energía eléctrica en el país.

Incremento en la tarifa promedio

Según el comunicado oficial de la CREE, la tarifa promedio para los usuarios residenciales pasará de 4.6236 L/kWh a 4.8136 L/kWh, lo que representa un aumento del 4.11 %. Este ajuste se deriva del análisis de los costos de generación de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, los cuales mostraron una diferencia de 1.437.653,84 dólares a favor de la ENEE.

El nuevo costo base de generación autorizado es de 117.10 USD/MWh, y la tarifa incluye cargos fijos y precios por kWh diferenciados según el tipo de servicio, ya sea residencial, general en baja tensión, media o alta tensión, así como alumbrado público. Por ejemplo, en el servicio residencial, los primeros 50 kWh al mes tendrán un cargo específico, mientras que el consumo adicional se cobrará a un precio mayor.

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Diferimiento de parte del ajuste

Aunque el ajuste real de la tarifa representaría un incremento del 10.37 %, la CREE autorizó, a solicitud de la ENEE, diferir 25,5 millones de dólares correspondientes a los próximos trimestres de 2026. Esta medida busca proteger la economía de los hogares hondureños y evitar un impacto fuerte en la demanda eléctrica durante el inicio del año.

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Objetivo del ajuste y transparencia

La CREE recordó que, de acuerdo con la Ley General de la Industria Eléctrica, tiene la función de ajustar trimestralmente las tarifas para que reflejen los costos reales verificados de generación y distribución de energía. La comisión enfatizó que este proceso busca garantizar la transparencia y la sostenibilidad del sistema eléctrico, asegurando que las tarifas sean justas tanto para los usuarios como para la ENEE.

Con este ajuste, la ENEE cumple con los lineamientos legales y mantiene la continuidad del servicio eléctrico bajo una estructura tarifaria que responde a los costos reales de operación, al mismo tiempo que se protege a los consumidores frente a incrementos abruptos en las tarifas.

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