En el programa Honduras Decide, el analista político Lester Ramírez ofreció un amplio análisis sobre la crisis electoral que atraviesa el país, marcada por el escrutinio especial y la incertidumbre en torno a la declaratoria oficial de resultados.

Ramírez señaló que el reglamento para el escrutinio especial continuará en las próximas horas, pero advirtió que la ciudadanía se encuentra “desesperada, cansada, frustrada y decepcionada” ante la falta de claridad sobre quién será finalmente declarado presidente.

“La gran mayoría de adjetivos para describir este momento son negativos, es una situación muy complicada”, expresó.

Expectativas y tensiones

El analista destacó que, pese a las convocatorias a marchas, la respuesta ciudadana ha sido limitada, lo que refleja que la población busca “dar vuelta a la página” y enfocarse en las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, la aparición de nuevos audios difundidos por el Ministerio Público, junto con el mensaje de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y el descontento expresado por la presidenta de la República, han reavivado la tensión política.

Ramírez sostuvo que el gobierno actual se encuentra “desgastado” y que su estrategia apunta a negociar cuotas de poder en el Congreso Nacional y otros espacios institucionales. “Es un gobierno que quiere mantener cohesionada su base, demostrar que tiene músculo y que seguirá vigente a pesar de haber perdido el proceso electoral”, afirmó.

El papel del CNE y la declaratoria

Sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ramírez advirtió que el próximo 30 de diciembre será clave, pues las consejeras han manifestado que no permitirán que se evite la declaratoria de las elecciones generales.

Sin embargo, anticipó que el consejero Marlon Ochoa podría no firmar el acta, lo que abriría un debate sobre la legalidad de una declaratoria con solo dos firmas.

El analista recordó que la declaratoria es un mandato constitucional que otorga la certificación oficial a más de 3,000 cargos de elección popular, incluyendo diputados, alcaldes y regidores. “No es el Congreso ni las alcaldías quienes acreditan a los electos, es el CNE. Por eso este acto es fundamental”, subrayó.

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Riesgo de crisis constitucional

Ramírez advirtió que la crisis electoral podría transformarse en una crisis constitucional si no se logra consenso en la declaratoria.

Señaló que la comunidad internacional y los observadores electorales tendrán un papel importante en dar fe del proceso y en presionar por soluciones institucionales.

Finalmente, planteó que cualquier gobierno que resulte electo enfrentará grandes retos de gobernabilidad, lo que hará necesario un pacto político amplio que incluya no solo a los partidos mayoritarios, sino también a la empresa privada, sociedad civil e iglesias. “La legitimidad no es solo la acreditación del CNE, es el reconocimiento popular de que ese gobierno está haciendo un trabajo con impacto positivo en la población”, concluyó.

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