Cada día que pasa se agudiza la crisis en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) luego del requerimiento fiscal presentado contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, acusados del presunto delito de prevaricato judicial.

Esta situación ha generado preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos del país, que piden respeto al debido proceso y transparencia en las actuaciones judiciales.

La defensa de los magistrados aseguró que sus representados se presentarán voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia, manifestando confianza en que el proceso será manejado conforme a derecho.

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«Hay que esperar si el juez natural va a admitir el requerimiento fiscal, va a girar o va a librar las correspondientes citaciones», expresó la apoderada Claudia Erazo, dejando claro que hasta el momento no existen órdenes de captura.

Según información, si se admite el requerimiento, podrían imponer penas de prisión a los togados e incluso inhabilitarlos para ejercer cargos públicos. Sin embargo, algunos expertos consideran que este proceso debería postergarse.

«La Corte no debe darle trámite hasta después de las elecciones, dejar que esto se calme un poco, se congele, como dicen, para que no afecte en lo más mínimo», afirmo el abogado constitucionalista Rodil Rivera.

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Desde el Poder Legislativo, varios magistrados llamaron a la calma, reiterando que no debe existir preocupación por una posible politización del proceso.

Además, enfatizaron que estos casos «se tratarán con el mayor profesionalismo posible, siempre respetando el debido proceso y actuando con transparencia».

El futuro de los magistrados del TJE dependerá de la decisión del juez natural, quien deberá determinar si el requerimiento fiscal procede o no. Por ahora, el caso continúa generando tensión en un momento político clave para el país.