Este miércoles 29 de octubre, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, reveló audios que presuntamente vinculan a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar en un intento de alterar resultados electorales. Como consecuencia, se ha iniciado una investigación formal que incluye acciones directas en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Desde tempranas horas, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto con fiscales de la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público, ejecutaron un operativo en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde procedieron al secuestro de documentación, equipos técnicos, memorias USB y fotografías de documentos como parte de la recolección de pruebas. Los empleados fueron retirados del área, generando preocupación por la falta de transparencia en el procedimiento.

La intervención se da tras una resolución emitida por los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, relacionada con el recurso de operación presentado por la defensa de Jorge Cálix y Cristian Villalobos, cuyas papeletas estaban en suspenso. El Ministerio Público considera que dicha resolución podría haberse dictado de forma ilegal.

El magistrado Flores Urrutia se trasladó al Conadeh para interponer una denuncia formal contra las acciones del Ministerio Público y la DPI, alegando irregularidades en el procedimiento. Mientras tanto, el fiscal general Zelaya ha indicado que en los próximos días se dará a conocer más información sobre los posibles requerimientos fiscales contra los magistrados involucrados.

La situación ha generado tensión institucional y llamados a defender la independencia del órgano electoral, en medio de un proceso electoral que se encuentra en curso y bajo fuerte escrutinio público.

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