Presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, rechaza petición del jefe de las FFAA
La reciente solicitud de las Fuerzas Armadas ha reavivado la polémica política en Honduras, luego de que el cuerpo militar pidiera tener acceso a información electoral, una acción que varios sectores consideran fuera del marco legal.
Académicos, abogados y representantes del sector privado coinciden en que la petición vulnera la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que, según la Constitución, asume el mando del proceso un mes antes de los comicios.
El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras y gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recordó que la ley es clara al respecto.
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«Las Fuerzas Armadas pasan a la disposición del CNE», explicó, subrayando que su papel es colaborativo y subordinado, sin injerencia en decisiones o resultados electorales.
De acuerdo con Solórzano, el artículo 272 de la Constitución establece que el rol militar en el proceso electoral es de apoyo logístico y seguridad, sin intervención en el conteo o divulgación de actas. «Ellos no son autoridad para declarar quién es presidente o no», añadió.
Los expertos señalan que abrir este tipo de debates solo genera confusión en un momento en que el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral.
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Además, insisten en que mantener la independencia del CNE es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana. “No hay nada que debatir”, concluyó Solórzano, reiterando que las reglas están definidas desde la Constitución de 1982.
Solicitud de Roosevelt Hernández al CNE
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicito al Consejo Nacional Electoral (CNE) que las Fuerzas Amadas tuvieran acceso directo a las copias de las actas de cierre a nivel presidencial desde las juntas receptoras de votos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández
La petición fue recibida con preocupación por distintos sectores, ya que, según el artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas solo deben garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, sin intervenir en el conteo o manejo de resultados.
Por ello, analistas, juristas y miembros del CNE calificaron la solicitud como inadecuada y fuera del marco legal, al considerar que vulnera la autonomía del organismo electoral.









