80 mil denuncias por violencia doméstica entre 2020 y 2024 en Honduras

14 de octubre de 2025Honduras, Nacionales, ON

Entre 2020 y 2024, los órganos jurisdiccionales de Honduras han recibido 80,257 denuncias por violencia doméstica, según datos oficiales compartidos por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano.

Este volumen de casos refleja una situación que, en palabras de la funcionaria, “debe ser atendida con urgencia”.

Los departamentos con mayor número de denuncias son Cortés, con 22,057 casos, seguido por Francisco Morazán, con 17,717, y Comayagua, con 5,429. Estas tres regiones concentran más del 50% de las denuncias registradas en todo el país.

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Propuesta de reforma a la Ley Contra la Violencia Doméstica

Ante este panorama, el Poder Judicial ha elaborado un diagnóstico que servirá como base para una propuesta de reforma a la Ley Contra la Violencia Doméstica.

La magistrada Galeano explicó que los juzgados de paz, incluso en zonas rurales, han sido clave en la atención de estos casos, brindando respuestas oportunas a las víctimas.

“En su mayoría, las afectadas son mujeres”, señaló Galeano, quien también destacó que el sistema judicial ha buscado fortalecer los mecanismos de protección y atención integral en coordinación con otras instituciones del Estado.

No obstante, la magistrada Rubenia Galeano señaló que, en ciertos departamentos del país, los juzgados de letras no han respondido con igual eficacia ante los casos de violencia doméstica, lo que ha provocado que la mayor carga recaiga en los juzgados de paz, especialmente en zonas rurales.

El diagnóstico también revela que la violencia psicológica representa el tipo de agresión más común, con más de 25 mil casos registrados, seguida por la violencia física y patrimonial.

Asimismo, se destaca que el 92% de las denuncias fueron presentadas por mujeres, lo que refleja con claridad la magnitud y el enfoque de género del problema.


Finalmente, la Corte Suprema, a través de sus magistrados, ha reiterado su compromiso de impulsar reformas que permitan una respuesta más efectiva y humana ante la violencia doméstica, sin perder de vista el enfoque de derechos y la protección integral de las víctimas.

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