El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló irregularidades en el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que incluyen cheques desviados, facturas falsas y uso político de recursos públicos. Según el informe, al menos 5,1 millones de lempiras fueron destinados de manera indebida, mientras que los beneficiarios originales no recibieron la ayuda prometida.

El TSC detalló que en la presunta trama de corrupción, conocida como “cheque video”, se desviaron 58 cheques por un monto total de 5,1 millones de lempiras. De estos cheques, los beneficiarios utilizaron 39 para emprendimientos y 19 para reparaciones de viviendas.

El informe especial penal sobre el uso de fondos de Sedesol estableció irregularidades como la entrega de dinero a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuellar, mientras que los beneficiarios nunca recibieron la ayuda, a pesar de haber firmado documentación. También se detectaron solicitudes falsificadas o incompletas para tramitar la asistencia, según el TSC.

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¿Qué problemas se encontraron con las facturas y materiales?

El documento señala que existieron incongruencias entre las facturas y los materiales entregados. Algunos productos, como bolsas de cemento y láminas de zinc, se almacenaron sin uso y en mal estado, mientras que muchos beneficiarios gozaban de ingresos estables y propiedades, por lo que no se encontraban en condición de vulnerabilidad, según el TSC.

¿Qué opinan los expertos sobre las irregularidades en Sedesol?

El abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados y aspirante del Partido Liberal, indicó:

“Bueno, primero lamentar la actuación del Ministerio Público en este caso, que son alrededor de más de casi mil millones de lempiras, y el abuso y el derroche de recursos públicos por parte de algunos diputados, habiendo un informe de auditoría que determina que hay responsabilidad penal por el Tribunal Superior de Cuentas… Este es un caso contundente en el cual cambiaron cheques en efectivo, utilizaron fondos del erario público a discreción personal, lo cual está totalmente acreditado, y no vemos ninguna acción concreta contra ninguna persona, y específicamente para favorecerlo en esta época electoral y no perjudicar a un partido político cualquiera que fuera”, expresó según Rafael Canales.

Sobre la actuación del Ministerio Público, Canales agregó:

“Principalmente, que por lo menos se ve un accionar, pero hemos visto que han subestimado todo este derroche y mal uso de fondos por parte de diputados… El 50% ya lo determinó el Tribunal Superior de Cuentas y determinó que hay responsabilidad penal, hay familiares, hay mal uso de recursos, hay cambio de dinero en efectivo, lo cual está cometiendo muchos delitos por acción y por omisión”, señaló el abogado.

¿Qué implicaciones tiene para los beneficiarios?

El Tribunal Superior de Cuentas confirma que intermediarios y la empresa encargada de la gestión recibieron los fondos destinados a los beneficiarios, lo que generó irregularidades administrativas y financieras en la entrega de la asistencia social.

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