Un juez de letras penal dictó detención judicial este martes contra Balbino Andino Flores y Heidi Saraí Carranza Morales, acusados por el Ministerio Público (MP) de ejecutar un escrutinio ilegal que afectó los resultados de las elecciones primarias internas en Namasigüe, Choluteca.

Se les imputa haber anulado —de forma arbitraria e injustificada— al menos 100 votos tres días después de las votaciones internas, en detrimento del precandidato Edwin Lindo, representante del movimiento Avanza.

Junto a ellos, también están implicados Elvin Quiñónez Sánchez y Rosa Gattorno Durón, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia. La audiencia de declaración de imputados fue el escenario donde el juez adoptó la medida de detención judicial, mientras que la audiencia inicial fue programada para el viernes 12 de septiembre a las 8:30 a. m.

Detalles del caso y contexto legal

Las investigaciones del MP señalan que, tras el escrutinio inicial del 9 de marzo de 2025, en el que el movimiento Avanza obtuvo 315 votos frente a los 130 de otra corriente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó un escrutinio especial el 4 de abril, el cual confirmó los resultados originales.

Sin embargo, tres días después, la Junta Especial de Verificación y Recuento realizó un nuevo conteo sin autorización legal, donde se anularon 111 votos bajo el argumento de una supuesta “duda razonable”. Este criterio no está contemplado por la Ley Electoral, que solo permite la nulidad de votos por causales expresas como marcas indebidas o papeletas dañadas. Una inspección posterior de la maleta electoral confirmó que no existía ninguna base legal para invalidar esos votos.

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Implicaciones para la democracia electoral

El Ministerio Público ha calificado la actuación de los imputados como un atentado directo contra la voluntad popular, cuyo propósito habría sido alterar la decisión ciudadana en perjuicio del movimiento Avanza en Namasigüe. Este episodio revela claras fallas en la transparencia y protección del proceso democrático en los comicios internos.

El caso también visibiliza la necesidad de fortalecer la legalidad electoral y los mecanismos de fiscalización, garantizando que cualquier escrutinio posterior se realice dentro del marco de la ley. La pronta celebración de la audiencia inicial será clave para determinar la dirección y el alcance del proceso judicial en marcha.

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