Este miércoles, un tribunal de apelaciones permitió al Gobierno del presidente Donald Trump finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esto representa un nuevo triunfo de la Casa Blanca en su lucha por anular el beneficio migratorio concedido por el Ejecutivo y un desafío significativo para Honduras, donde más de 50 mil tepesianos y sus familias se encuentran a la deriva.

Un comité del Noveno Circuito de Apelaciones de California interrumpió la sentencia de un tribunal de distrito que había autorizado a los inmigrantes a mantener el amparo que resguarda de la deportación a aproximadamente 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.

Los beneficiarios de TPS en Nepal afectados por la sentencia han residido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios de TPS en Honduras y Nicaragua afectados han conservado su estatus después del huracán Mitch que arrasó la región centroamericana y brindó protección temporal a aproximadamente 50 mil hondureños.

¿Qué sucederá ahora?

Las directrices para finalizar la protección del Departamento de Seguridad Interna conceden únicamente 60 días a los inmigrantes antes de que pierdan su estatus.

Los inmigrantes resguardados por el TPS habían interpuesto una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentando que puso fin al amparo, que los resguarda de la deportación, por motivos de «animosidad racial».

En esa línea, Orlando López, representante de la organización de hondureños en Estados Unidos, Francisco Morazán, primeramente, lamentó la situación, pero destaca que las esperanzas se mantienen, porque hay muchas demandas.

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¿Qué acciones realizan las organizaciones hondureñas?

Según, López hay una serie de demandas en cortes estadounidenses a favor del estatus legal que les permite ganar tiempo hasta conocerse el 18 de noviembre que se emita un fallo.

Además, el representante de la organización informa que varios grupos están en San Francisco, California, reunidos para determinar las acciones legales a seguir para proteger a los inmigrantes.

“Hemos estado trabajando muy fuertemente en el proyecto de la Ley de Dignidad, que fue presentado por la congresista María Elvira Salazar. Estamos esperando que lo aprueben para poder brindar protección a los inmigrantes, tanto a quienes no tienen estatus migratorio como a los que tienen TPS, a los Dreamers y a otras personas en situación similar. Eso es lo que está pasando ahora, Meredith. Pero hay que mantenernos positivos. No pueden sacar a la gente de un solo. Tenemos fe en que eso no va a pasar y en que habrá jueces que apoyen al TPS en esa parte”, finalizó López.

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