El Congreso Nacional rechazó la adhesión al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habría permitido a los menores hondureños presentar denuncias directas ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. La iniciativa recibió 65 votos en contra, principalmente de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, frente a 41 votos a favor del oficialismo, mientras cinco diputados se ausentaron.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a los menores como sujetos plenos de derechos y obliga a los Estados a garantizar su protección en ámbitos como educación, salud, identidad, seguridad y participación social. Este protocolo buscaba ofrecer un canal adicional para que los niños y adolescentes pudieran reportar vulneraciones a sus derechos cuando los sistemas nacionales no respondieran adecuadamente.

Oposición sostiene que protocolo amenaza valores y soberanía

Los diputados opositores argumentaron que el protocolo representaba una amenaza a los valores familiares y culturales, además de cuestionar la soberanía nacional. Señalaron que permitir a instancias internacionales decidir sobre situaciones relacionadas con menores podría generar conflictos con las leyes locales y abrir la puerta a regulaciones no contempladas por la legislación hondureña.

La oposición advirtió también que el mecanismo podría generar incertidumbre legal sobre temas sensibles, como la identidad de género y decisiones médicas de los menores, áreas que actualmente no tienen regulación específica en Honduras. Por ello, consideraron que el país debía mantener control total sobre la protección y los derechos de la infancia sin intervención externa.

Oficialismo defiende el protocolo como herramienta de protección

En contraste, las bancadas del oficialismo, lideradas por Libre y PSH, defendieron la adhesión al protocolo, asegurando que no se trata de un mecanismo para regular cambios de identidad o tratamientos médicos. El objetivo principal es proporcionar un recurso internacional para denunciar casos de abuso, explotación o violencia, en situaciones donde las autoridades nacionales no puedan garantizar justicia.

Los legisladores oficialistas enfatizaron que este protocolo fortalece la protección de la infancia y permite que los menores tengan un canal adicional de denuncia. Recalcaron que el mecanismo está orientado a garantizar derechos fundamentales y no interfiere en la soberanía nacional sobre otros temas legislativos o culturales.

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