Gerardo Torres asegura que todavía hay posibilidad de apelación ante corte estadounidense sobre TPS
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 60 mil inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, decisión que pone en riesgo la permanencia legal que muchos han mantenido por más de dos décadas.
La medida golpea de manera directa a miles de familias que han construido sus vidas en ese país bajo la protección migratoria. Organizaciones de inmigrantes y defensores del TPS advirtieron que la lucha no termina y que todavía existen instancias para frenar la cancelación.
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Vicecanciller de Honduras plantea escenarios
El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, explicó que el fallo no significa una deportación inmediata. Según dijo, aún se pueden explorar dos rutas: continuar el litigio en el Noveno Circuito de San Francisco o elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
“Hoy por la tarde habrá una reunión con los afectados y con la Alianza TPS para definir las mejores estrategias legales”, señaló el funcionario.
Inmigrantes esperan claridad sobre su futuro
Torres recordó que en el pasado, decisiones similares fueron frenadas por jueces federales, lo que dio un respiro a los beneficiarios hasta que la administración de Joe Biden reactivó el programa. Sin embargo, recalcó que Trump ha mantenido una línea dura y que hasta ahora todos los países, salvo El Salvador, perdieron la protección durante su mandato.
El funcionario hondureño aseguró que el gobierno acompaña a los afectados con asesoría legal, aunque aclaró que las demandas deben ser presentadas de manera individual o colectiva por los propios inmigrantes.
Incertidumbre tras el 8 de septiembre
El plazo inmediato vence el 8 de septiembre. Si no prospera ningún recurso legal, miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes quedarían sin protección, enfrentando la difícil decisión de regresar a sus países o permanecer en EE. UU. en condición irregular.
La expectativa crece entre la comunidad inmigrante, que aguarda una definición judicial en las próximas semanas.
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