El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, y Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards S.A., a quienes señala de defraudar al Estado con más de 18,547 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir.

Contratos irregulares y pagos adelantados

Las investigaciones establecen que en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa que apenas dos meses antes se había constituido. Aunque oficialmente se reportó el ingreso de esa cantidad, solo 258 mil llegaron al país.

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El 22 de enero de 2022, cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards. Tres días después, Mayorga Castillo transfirió 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, pese a que la ley le prohibía contratar con el Estado mientras ejercía como coordinador de la Tasa de Seguridad.

Triangulación internacional de fondos

El MP reveló que, aunque la adjudicación recayó en Plasticards, las tarjetas provenían de Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, y se importaban a través de la empresa MyM S. de R.L.

Los fiscales también comprobaron que los acusados usaron fachadas de compañías extranjeras y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar fondos millonarios del presupuesto nacional.

Bienes asegurados

Ante estos hechos, el MP ordenó el aseguramiento de siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles vinculadas a los acusados.

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