Un jardinero hondureño residente en East Boston ha presentado una denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos, alegando haber sido arrestado injustamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sometido a condiciones “inhumanas” durante su detención.

La denuncia fue interpuesta por la organización Lawyers for Civil Rights (LCR), que representa al afectado, identificado como José Pineda.

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El incidente ocurrió en mayo, cuando Pineda se dirigía a su trabajo y fue interceptado por agentes migratorios que rodearon su vehículo sin identificación visible. Según la querella, los oficiales actuaron sin orden judicial y lo arrestaron a pesar de que el hondureño contaba con estatus legal humanitario y portaba sus documentos en regla.

“Le dije a los agentes que tenía estatus legal, pero se burlaron de mí y me dijeron que si no nací en Estados Unidos, no tengo derechos”, aseguró Pineda en una declaración emitida por LCR, denunciando que fue esposado, despojado de sus papeles, de 600 dólares en efectivo y encerrado en una celda con entre 40 y 60 personas en la oficina de ICE en Burlington, Massachusetts.

Durante los dos días que duró su detención, Pineda no tuvo acceso a comida adecuada, agua suficiente, higiene personal ni espacio para dormir. A pesar de su liberación, ICE no le devolvió el dinero ni los documentos confiscados.

La organización legal sostiene que este caso refleja una conducta reiterada de ICE en Massachusetts, donde, según sus investigaciones, los agentes operan de forma ilegal, sin respetar la normativa estatal ni federal. La querella fue presentada bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), considerada una antesala para una demanda formal en un tribunal federal.

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Victoria Miranda, abogada de Pineda, subrayó que este es un claro ejemplo de discriminación racial. Además, recalcó que los agentes confiscaron documentos que demostraban su estatus legal, lo que confirma que tenían conocimiento de su situación desde el inicio del operativo.

Pineda sostiene que su única “falta” fue su apariencia latina. “ICE me trató como a un criminal por cómo me veo y de dónde soy, aunque he seguido cada regla”, concluyó. La LCR exige que los responsables enfrenten consecuencias por las violaciones a los derechos civiles cometidas.