El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que la aprobación de la reelección indefinida represente “el fin de la democracia”. Según escribió en su cuenta de X, la crítica internacional surge por un doble estándar. Afirmó que si la medida viniera de un país “rico y grande”, no generaría polémica.

Bukele destacó que “el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie dice nada”.

Cambios constitucionales clave

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la reforma constitucional en un proceso rápido. Obtuvo 57 votos a favor y solo tres en contra. Los cambios más importantes son:

• Permitir la reelección presidencial indefinida.

• Ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años.

• Eliminar la segunda vuelta electoral.

• Adelantar las elecciones generales a 2027.

Bukele argumentó que incluso si El Salvador adoptara un modelo parlamentario como en Europa, seguiría siendo criticado. Dijo que el problema no es el sistema, sino que un país pobre “se atreva a actuar como si fuera soberano”.

Reacciones internacionales y nacionales

Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y WOLA han calificado la reforma como un “golpe mortal a la democracia”. Aseguran que el país sigue un patrón similar al de Venezuela, donde se ha concentrado el poder en pocas manos.

Dentro del país, la oposición también ha sido crítica. La diputada Marcela Villatoro afirmó: “Con esta reforma, la democracia ha muerto”. Agregó que se están eliminando los contrapesos necesarios en un sistema democrático.

En 2021, ya se había generado controversia cuando la Sala de lo Constitucional permitió la reelección inmediata. Esta decisión fue vista por muchos como una violación de la Constitución. Organizaciones como Cristosal y Acción Ciudadana advirtieron sobre el debilitamiento del estado de derecho.

Impacto social y político

Desde 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción. Esto ha permitido aplicar medidas de seguridad muy estrictas contra las pandillas. Si bien ha reducido los índices de violencia, también ha generado arrestos masivos y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Activistas como la abogada Ruth López han sido detenidos, y muchos periodistas y defensores de derechos humanos han salido al exilio.

Pese a estos hechos, Bukele mantiene una alta aprobación pública, superior al 80 %. La mayoría lo apoya por sus políticas de seguridad. Sin embargo, analistas advierten que esta concentración de poder reduce la alternancia democrática y limita los espacios de participación ciudadana.

Con esta reforma, Bukele podría permanecer en el poder más allá de 2030. Esto marcaría una transición clara: de una democracia joven a un régimen sin contrapesos institucionales.

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