El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez en su cuenta de X informó de las detenciones de exfuncionarios y funcionarios, que presentan requerimientos fiscales por el presunto manejo de más de tres mil millones de lempiras.

“Con la Policía Nacional y sus direcciones especializadas se capturó a las siguientes personas: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio”, dice el mensaje del titular de Seguridad.

Con la @PoliciaHonduras y sus Direcciones especializadas, atendiendo orden emanada de tribunal competente y en colaboración con el @MP_Honduras se capturó ya a las siguientes personas:
1. Juan Fernando Madrid Lezama
2. Caronte Rojas Zavala
3. Raymundo Esaú Gradiz Vilorio
4.… https://t.co/CA3QxFn7Fz

— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) July 29, 2025

¿Quiénes son los implicados en este nuevo caso de presunta corrupción?

Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional.

Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno.

Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.

Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).

Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados.

Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.

También se acusa a los jueces:

Issabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Viloria por prevaricato judicial.

Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso.

Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.

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MP presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios, un actual diputado, abogados y jueces que se coludieron para robarle al pueblo hondureño más de L 3,000 millones a través de demandas ilegales pic.twitter.com/4wsPuaS2Gj

— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2025

¿De qué se les acusa en la Fiscalía?

Por lo tanto, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFECO), con el respaldo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), interpuso una demanda fiscal contra una red compuesta por exfuncionarios públicos, abogados y jueces que, de acuerdo con los estudios, se asociaron para robar a la población hondureña por más de tres mil millones de lempiras (L 3,084,223,255.38

A lo largo de más de dos décadas, organizaron una estafa, empleando como fundamento un acuerdo irregular y un fallo arbitral sin validez legal, informó la entidad gubernamental.

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Antecedentes del caso

El caso se remonta al año 2000 después del paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, utilizando fondos de cooperación internacional, concedió un contrato a la compañía estadounidense DRC Inc., que no contaba con permiso para operar en Honduras, y que en una ocasión subcontrató de manera ilegal a NAINSA. En 2001, el trabajador canceló la ayuda debido a irregularidades en el contrato.

Años más tarde, ambas compañías iniciaron litigios fraudulentos fundamentados en un fallo arbitral que nunca fue validado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). DRC Inc. firmó un pacto privado con NAINSA, sin que esta última hubiera mantenido ninguna relación contractual con el Estado.

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El objetivo era presentar varias demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo actuar como entidades separadas. Además, en dicho convenio ambas empresas se comprometieron a no demandarse entre sí, bajo ninguna circunstancia, evidenciando que su actuación era coordinada y simulada, con la única finalidad de defraudar al Estado hondureño.

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¿Cómo operaba esta supuesta red de corrupción?

Para cumplir su objetivo, esta red empleó procedimientos arbitrales con diversas anomalías, tales como la entrega de documentos falsos y la aplicación de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para establecer un arbitraje beneficioso, encabezado por uno de los acusados, que finalmente condenó al Estado a abonar cantidades millonarias.

Siguiendo su estrategia de saquear las arcas del Estado a través de nuevas demandas de millones de dólares, NAINSA, por medio de su representante legal, presentó en 2019 otra demanda judicial fundamentada en un Laudo Arbitral que ya había sido declarado inválido por resoluciones judiciales firmes desde 2009 y 2013. No obstante, la jueza Issabel Miranda Hernández aceptó de nuevo la petición.

En enero de 2020, en el marco de esa misma táctica, el acusado Nelson Márquez Euceda, en su papel de secretario de SEDECOAS, entregó a la Procuraduría General un informe jurídico que sugería la firma de un Acuerdo Ejecutivo para prevenir una «erogación mayor», pese a que el fallo no poseía validez legal.

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