Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) —Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE)— están en el centro de una creciente controversia por presuntos actos de corrupción e irregularidades en el manejo de más de 140 millones de lempiras provenientes del Fondo de Administración Solidaria, canalizado por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Ambas ONG fueron creadas recientemente y están dirigidas por mujeres con vínculos al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según investigaciones periodísticas, los fondos fueron gestionados por diputados oficialistas para ejecutar proyectos sociales en comunidades vulnerables, pero no se sometieron a auditorías externas ni se ha comprobado la ejecución real de muchos de los proyectos.

Organizaciones bajo la lupa

• AMO, fundada en 2023 por Linda María Ordóñez, exfuncionaria de Copeco e Instituto de la Propiedad, recibió más de 76 millones de lempiras para 124 proyectos.
• MUE, inscrita en 2021 y presidida por Bessy Jeanette Ramírez Montoya, recibió 75 millones de lempiras para 93 proyectos, muchos de ellos sin respaldo técnico ni informes públicos.

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Reacciones institucionales y sociales

 

La Secretaría de Gobernación se pronunció afirmando que solo canaliza los fondos y que la responsabilidad de ejecución recae en los diputados y alcaldías que gestionan los proyectos.

Sin embargo, expertos en derecho advierten que esta práctica representa un abuso de poder y una burla a la ciudadanía, al utilizar recursos públicos sin mecanismos claros de fiscalización.

Desde el Partido Libre, se ha reiterado que no se tolerarán actos de corrupción, independientemente de quién los cometa, y se ha solicitado que se realicen las investigaciones correspondientes.

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Llamado a la transparencia

Diversos sectores exigen que se limite el acceso de estas organizaciones a fondos públicos mientras se esclarece su situación legal.

Analistas advierten que este esquema reproduce viejas prácticas clientelistas que Libre prometió erradicar, y que la falta de auditorías pone en riesgo la credibilidad del proceso electoral y la gestión pública.

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