Ante señalamientos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dirija las solicitudes a la presidenta, Xiomara Castro, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, recordó que la institución militar se rige por la Constitución de la República, específicamente el Artículo 277, que establece la cadena de mando.

“La institución es dinámica, cada quien tiene su espacio y su tiempo”, expresó Hernández, al referirse a la transición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hacia una administración civil.

Motivaciones políticas

Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que este protocolo podría tener motivaciones políticas, ya que en otros casos similares no se ha exigido este procedimiento.

“Ellos dan protección a personas que quieren, sin necesidad de seguir todo ese proceso. Cuando lo requiere un órgano como el CNE, deberían ayudar rápidamente”, señaló el exmagistrado del TSE, Arístides Mejía

Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), se interpreta esta medida como una consecuencia del golpe de Estado de 2009, que dejó al poder militar subordinado al poder civil. “Cuando se establece que las Fuerzas Armadas van a colaborar con el CNE, lógicamente será a través de sus órganos jerárquicos, cuya máxima instancia es la presidenta de la República”, afirma el asesor presidencia, Enrique Flores Lanza.

Por su parte, representantes de la sociedad civil instaron al CNE a cumplir con el protocolo establecido, asegurando que no tiene trasfondo político. “Esta formalidad no contraviene ninguna legislación y debe mantenerse en pro de la paz y la tranquilidad del proceso electoral de 2025”, concluye Carlos Sierra, miembro de la sociedad civil.

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