Desde principios de junio de 2025, se han reportado en ciudades como Los Ángeles una serie de operativos irregulares que afectan directamente a las comunidades migrantes,  según denuncias de autoridades internacionales.

Hombres armados, sin uniforme ni identificación visible, interceptan a personas con rasgos latinos, las detienen sin presentar una orden judicial y se las llevan sin ofrecer ninguna explicación sobre los motivos del arresto.

Este tipo de detenciones, fuera de protocolos oficiales, se han registrado en hospitales, iglesias, centros comerciales, escuelas e incluso cementerios, lo que ha provocado miedo generalizado entre las familias migrantes.

El detective jubilado Moisés Castillo lo resume con una frase directa: “La gente tiene temor de ir a compras, escuela o trabajo”, según declaraciones a un medio internacional.

Las cifras respaldan esta preocupación. En Los Ángeles, por ejemplo, las detenciones aumentaron un 71 % en el último mes, según autoridades locales. Aunque algunas fueron realizadas por ICE, otras ocurrieron sin que se identificara claramente a los captores.

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¿Quiénes están detrás de los operativos?

Ni la Policía de Los Ángeles ni otras fuerzas locales han confirmado quién está ejecutando estas acciones. “Queremos saber si son agentes federales. “Que enseñen sus credenciales”, exigió el comandante German Hurtado, del Buró Central de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, también denunció a medios internacionales la situación: “Nunca imaginé ver este tipo de tácticas militares”.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respondió  a través de un comunicado oficial, que sus agentes de Enforcement Removal Operations y Seguridad Nacional actúan “en secreto”, también afirmó que lo hacen con chalecos marcados y vehículos oficiales.

Sin embargo, esta versión no concuerda con los testimonios de víctimas ni con las imágenes que circulan en redes sociales, donde los detenidos aseguran no haber visto ninguna identificación oficial.

¿Son agentes del gobierno o civiles?

La situación se complica con la participación de actores no gubernamentales. Erwin Estrada, identificado como agente de recobro de fugitivos, declaró:

“No trabajamos con el gobierno federal, nos regula el Estado de California. Nosotros usamos placas con el escudo estatal, no el federal”.

Además, se han detectado casos de impostores, como el de Fernando Díaz, denunciado por hacerse pasar por agente y detener migrantes sin tener autoridad legal.

La falta de claridad sobre quién está ejecutando los operativos provoca confusión entre migrantes y ciudadanos, quienes no saben si están frente a un agente federal, un contratista o un farsante armado.

Un clima de miedo e incertidumbre

Diversas organizaciones, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, han exigido que todo operativo migratorio se realice bajo la ley, con orden judicial y con identificación visible.

No obstante, el gobierno federal no ha emitido comunicados oficiales ni ha coordinado con autoridades locales sobre las acciones recientes.

Mientras tanto, el miedo se instala en comunidades latinas. Migrantes evitan salir de casa, y quienes lo hacen temen no regresar. Las líneas entre la seguridad nacional, el abuso de poder y la violación de derechos humanos se vuelven cada vez más borrosas.

¿Cuántas personas han sido deportadas en lo que va del año bajo el gobierno de Trump?

En lo que va del año, Estados Unidos ha deportado a más de 207,000 personas, según datos actualizados del centro de investigación TRAC. Esta cifra refleja un repunte significativo en las acciones de control migratorio desde que Donald Trump regresó a la presidencia en enero de 2025.

Durante su primer mes en el poder, las autoridades migratorias ejecutaron aproximadamente 37,660 deportaciones. Entre el 26 de enero y el 8 de marzo, se reportaron 27,772 casos, lo que equivale a un promedio diario de 661 expulsiones.

Además, hasta finales de abril, los jueces de inmigración emitieron 258,389 órdenes de deportación, lo que confirma una política migratoria más estricta y un ritmo acelerado de resoluciones judiciales contra personas en proceso migratorio.

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