El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, lanzó fuertes señalamientos contra el manejo del Fondo de Subvenciones, calificándolo como una “estructura institucionalizada de corrupción” utilizada por diputados y funcionarios públicos para fines políticos y personales.

Orellana fue contundente al señalar que esta práctica representa un acto perverso: “No importa si se lo roban o no, el hecho es la utilización de recursos públicos para favorecerse en sus respectivas candidaturas”.

En su intervención, criticó además el silencio de la diputada Isis Cuéllar, calificando su permanencia en el cargo como “éticamente inaceptable”. Según el exfiscal, la actitud de la parlamentaria refleja una falta de responsabilidad política ante un escándalo que ha minado la credibilidad institucional.

Investigaciones

Expertos en temas de transparencia también coinciden en que existen suficientes indicios para considerar que podría haber delitos de corrupción. En particular, señalan que, si los supuestos beneficiarios de estos fondos no cumplen con los requisitos, el hecho podría constituir malversación de caudales públicos.

Ante este panorama, Orellana hizo un llamado directo al fiscal general del Estado, exigiendo que cumpla con su deber constitucional y recuerde que la ciudadanía aún espera acciones concretas: “Ya no basta con declaraciones, Honduras necesita resultados”.

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Oficialismo dice que no debe de generalizar

Desde el oficialismo, algunos sectores han reaccionado advirtiendo que no se debe generalizar, y que los señalados en presuntos actos de corrupción deben apartarse de sus cargos para permitir investigaciones imparciales.

“Decir que esos fondos son para campaña es falso. Que algunos diputados lo usen con ese fin, es otro tema. Pero hay que ser objetivos”, declaró el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, en un intento por deslindar responsabilidades colectivas.

El escándalo continúa generando presión sobre los órganos de justicia, mientras la población exige respuestas ante un nuevo capítulo de presunta corrupción en el país.

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