Equipos especializados del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han sido asignados por instrucción directa del Fiscal General de la República, Johel Zelaya, para investigar un presunto caso de desvío de fondos públicos destinados originalmente a emprendedores en el departamento de Copán.

La investigación surge tras la difusión de un video ampliamente compartido en redes sociales y medios de comunicación, en el que una voz—que se atribuye a la diputada Isis Cuéllar—afirma: “¿Te acuerdas que yo te dije voy a hacer cheques de 100.000? Va a cambiar la gente de mi confianza y los entregamos al partido”. Estas palabras han encendido las alarmas y motivado al ente acusador a actuar de oficio.

Según trascendió, los recursos que debían beneficiar a sectores vulnerables podrían haber terminado financiando actividades proselitistas, lo que comprometería a altos funcionarios, entre ellos el secretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar.

El portavoz del MP, Yuri Mora informó que la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ya ha tomado el caso, con el objetivo de determinar si hubo mal manejo de fondos, malversación o fraude de parte de una secretará de Estado.

Expertos opinan

A criterio de expertos en derecho penal, los elementos presentados hasta ahora son suficientes para que se avance en una investigación formal.

“Si el dinero fue otorgado con fines específicos —como asistencia a emprendedores— y se usó para actividades políticas, se estaría configurando una posible malversación de caudales públicos, delito que contempla penas de 4 a 6 años de prisión. Si la suma excede los 100 mil lempiras, la pena se agrava a entre 6 y 9 años. Además, podría tipificarse el delito de fraude, sancionado con entre 5 y 7 años de reclusión”, indicó un analista jurídico consultado por Once Noticias.

El Ministerio Público deberá determinar si hubo responsabilidad penal por parte de los funcionarios mencionados y esclarecer el destino de los fondos.

TSC también realizan una investigación

Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en el marco de sus atribuciones legales y tras una solicitud de la presidenta Xiomara Castro, ordenaron una investigación por el llamado caso de los cheques de Sedesol.

El Pleno de Magistrados del TSC instruyó que el proceso sea conducido por la Gerencia de Auditoría Sectorial del Sector Social, la cual ya ha designado a un equipo de auditores acreditados para realizar las diligencias correspondientes. Según exoperadores de justicia, el objetivo es verificar si los recursos estatales fueron utilizados conforme a lo que establece la ley, mediante una auditoría posterior al uso de los fondos asignados.

En caso de encontrarse irregularidades durante las pesquisas, el TSC deberá remitir los hallazgos a la Procuraduría General de la República. Este ente será el encargado de formular los reparos legales a los funcionarios responsables, según lo establece el Código Procesal Penal. El proceso podría derivar en la acusación de enriquecimiento ilícito, si se comprueba el uso indebido de los fondos públicos.

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