Representantes de la empresa privada de Honduras se pronuncian con firmeza en contra de cualquier indicio de fraude electoral en el proceso de elecciones generales programado para noviembre y hacen un llamado a la clase política a garantizar comicios pacíficos, transparentes y libres de confrontaciones.

El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, manifestó su preocupación por la imagen que proyecta el país ante la comunidad internacional.

“Eso no es nada bueno para nuestro país. Nos están viendo a nivel internacional qué es lo que estamos haciendo y eso realmente nos crea mucha, mucha inconsistencia en cuanto a lo que podemos nosotros hacer para el futuro. Queremos elecciones libres, que la gente se vuelque a votar por el candidato que quiera”, expresó Facussé.

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Facussé también enfatizó que Honduras atraviesa un momento clave en el que se deben priorizar las necesidades de la población por encima de los intereses políticos.

En la misma línea, el presidente ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, hizo un llamado a la reflexión nacional. “Y mejorar de manera mutua para que todo lo que es este sistema, este engranaje llamado Honduras, pueda funcionar de una vez por todas.  Creerán que las cosas han mejorado, en un grado mínimo, pero también analicemos lo que han empeorado, que es bastante”, señaló.

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“La inversión llega a los países que tienen estabilidad”

Por su parte, el expresidente de Fedecámaras, Rolando Alvarenga, debido al conflicto de las elecciones generales advirtió que la percepción de inestabilidad política puede tener un impacto directo en la economía de Honduras.

“Nosotros necesitamos la tranquilidad; la inversión viene porque los países tienen esa estabilidad tanto económica, social como política.  Y estos factores son los que afectan, porque al final nos están viendo, como dicen, con lupa o desde arriba. Y esto afecta a que haya inversión nacional”, indicó Alvarenga.

Dada esta situación, los empresarios coincidieron en que el primer paso para garantizar un proceso electoral legítimo debe comenzar desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que exigieron actuar con transparencia, profesionalismo e independencia.

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