Deniegan recurso de apelación a Fernando Ramírez, implicado en el caso Pandora
El Tribunal de Apelaciones en temas de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción rechazó la petición de apelación presentada por la defensa de Fernando Josué Suárez Ramírez en relación al caso Pandora.
El Poder Judicial informó que el voto de los jueces se realizó por mayoría y determina que Fernando Suárez prosiga con el procedimiento de juicio oral contra él.
El planteamiento de la defensa consistía en anular la audiencia preliminar, argumentando que la Fiscalía había procedido fraudulentamente.
Explicación jurídica
La defensa sostuvo que el Ministerio Público (MP) incurrió en fraude procesal al solicitar y emplear datos de Fernando Suárez, con la promesa de un posible pacto de cooperación eficiente y procedimiento rápido, para luego rechazar tales ventajas.
La Corte de Apelaciones explicó en su fallo que el proceso abreviado no representa un derecho del acusado, sino una potestad discrecional del Ministerio Público.
Presentó que, desde la primera petición de la defensa hasta la respuesta de la dirección general de fiscalías del ente fiscalizador, pasaron tres años, tres meses y 29 días.
Suárez Ramírez es imputado por la comisión de crímenes de estafa, abuso de fondos públicos y empleo de documentos públicos falsificados.
Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción rechaza apelación de acusado Fernando Suárez en Caso Pandora confirmando continuidad del proceso penal. pic.twitter.com/te8JXInraZ
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 12, 2025
¿Qué es el caso Pandora?
El caso, denominado “Pandora” fue una investigación que realizó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que demostró el desvío de 282 millones de lempiras de las arcas del Estado para financiar las campañas políticas de los partidos Liberal, Nacional y del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper).
Además, se pagaron tarjetas de crédito, se compraron apartamentos, terrenos y se adquirieron productos y servicios con recursos que debían servir para proyectos agrícolas de beneficio para miles de familias campesinas.
El mecanismo del robo consistió en entregar el dinero a las fundaciones Todos somos Honduras y Dibattista, para luego traspasarlo a las cuentas de políticos, empresarios y personas particulares.









