Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las acciones contra la población migrante se intensifican a lo largo del país con una estrategia más agresiva que en su primera administración.

Las autoridades federales están desplegando recursos para realizar redadas masivas en sitios de trabajo y edificios judiciales, una táctica que ha sembrado temor entre miles de familias.

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Este renovado impulso ha sido respaldado públicamente por funcionarios y gobernadores alineados con la Casa Blanca, quienes argumentan que están “cumpliendo la ley” y “protegiendo a los estadounidenses”. Por su lado, activistas y defensores de derechos humanos alertan sobre la normalización de operativos que separan a familias, criminalizan la pobreza y desalientan el acceso a la justicia por miedo a ser detenidos al salir de una corte.

Redadas masivas en obras de construcción de Florida

En Tallahassee, la capital de Florida, más de un centenar de migrantes fueron arrestadosdurante una operación conjunta encabezada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras del estado. Los trabajadores, originarios de México, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, laboraban en una construcción cerca de la Universidad Estatal de Florida cuando fueron sorprendidos por los agentes.

Esta fue la segunda redada en un sitio de trabajo en menos de un mes, reflejo del endurecimiento de políticas ordenadas por el gobernador Ron DeSantis. “Detener. Deportar. Entregar resultados”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, mientras celebraba el operativo en redes sociales. Videos viralizados mostraron a migrantes en fila, algunos esposados, y a familiares llorando.

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Detenciones afuera de cortes en San Antonio

En Texas, la ciudad de San Antonio se ha convertido en otro epicentro de detenciones, esta vez en los alrededores de tribunales de inmigración. Decenas de personas fueron arrestadas justo después de asistir a sus audiencias. Entre ellas, el padre de Lenis, una joven migrante cubana, fue esposado tras cumplir con su cita judicial.

“Llegó con su abogado, salió y lo subieron al bus. No hubo preguntas”, relató su hija para Univisión.

Abogados y familiares denuncian que ICE ha adoptado esta práctica como táctica para agilizar deportaciones, especialmente en casos con retrasos judiciales. Algunos empleados de la corte señalan que los arrestos pueden llegar hasta 40 personas por día, incluidos menores. Para muchas familias, asistir a la corte representa un dilema: si se presentan, los detienen; si no lo hacen, reciben orden de deportación automática.

Aumento de redadas en Estados Unidos

Las autoridades están diversificando los métodos para expulsar a personas sin documentos, incluso a quienes llegaron por vías legales como el proceso CBP One. Según abogados de inmigración, basta con no poder demostrar más de dos años de presencia en EE.UU. para ser expulsado sin juicio. Esta política, avalada por la administración Trump, se presenta como una solución a los más de cuatro millones de casos migratorios pendientes.

Mientras tanto, el miedo se extiende entre comunidades migrantes que ya no solo temen las redadas en la frontera, sino también en sus trabajos, sus barrios e incluso al salir del juzgado.