El Ministerio Público acusó a Jorge Alberto González, exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y lo llevará a audiencia de declaración de imputado el 11 de junio a las 8:30 de la mañana por presunta violación de los deberes de los funcionarios.

Según confirmó, Bárbara Castillo, portavoz de los Tribunales con Competencia en Corrupción y Criminalidad Organizada, la defensa de González intentó detener el proceso judicial mediante una excepción por falta de competencia. Además, la defensa argumentó que la Corte Suprema de Justicia debía conocer el caso, porque Jorge Alberto González es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y no el juzgado con jurisdicción nacional.

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Sin embargo, el tribunal denegó la solicitud. Por lo tanto, las autoridades judiciales determinaron que, al aceptar un cargo público en Honduras, González renunció tácitamente a su inmunidad parlamentaria, por lo que no procede trasladar el expediente a la Corte Suprema.

Juez rechaza excepción presentada por la defensa

La defensa de González presentó una excepción por falta de competencia, alegando que su condición de diputado suplente del Parlamento Centroamericano le otorga inmunidad y que el tribunal debía trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la petición fue denegada. Las autoridades judiciales determinaron que, al haber aceptado un cargo público en Honduras, González renunció implícitamente a su inmunidad regional, por lo que el juicio seguirá su curso en los tribunales con jurisdicción nacional.

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¿De qué lo acusa el Ministerio Público?

El requerimiento fiscal se basa en una serie de hechos registrados durante su gestión al frente de la OABI. Según la investigación, González habría devuelto bienes incautados sin una orden judicial, lo que constituye una violación directa a sus funciones.

Aunque ha anunciado su presentación voluntaria ante los tribunales, el exfuncionario enfrenta cargos junto a otras personas implicadas en el mismo expediente.

Audiencia ya tiene fecha

El pasado 8 de junio, las autoridades agendaron la audiencia de declaración de imputado para el lunes 11 de junio. Además, los jueces han asegurado que respetarán el debido proceso y tratarán el caso con el rigor que exige la ley ante posibles actos de corrupción.

Este caso se suma a otros procesos judiciales que buscan esclarecer el manejo de los bienes incautados en Honduras y garantizar la transparencia dentro de las instituciones públicas.

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