Lo que comenzó como una decisión por seguridad personal terminó en una celda para Carmen Lucía Matamoros, una hondureña que fue arrestada tras realizar trabajos de remodelación en su vivienda ubicada en el histórico barrio La Cruz, en Catacamas.

La hondureña arrestada, preocupada por el deterioro avanzado de su casa, inició una renovación para evitar un posible colapso. No obstante, las autoridades la acusaron de violar la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, ya que el inmueble se encuentra en una zona considerada de valor histórico.

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Según explicó su abogado defensor, la vecina temía por su integridad física ante las condiciones precarias de la estructura.

“Es una ley inquisidora. Muchas de las casas en el municipio tienen más de 100 años de antigüedad y no han recibido el mantenimiento adecuado. El Estado tampoco ha brindado soluciones reales para su conservación”, declaró.

La legislación hondureña prohíbe cualquier intervención en bienes culturales sin la previa autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). El artículo 15 establece que quienes incumplan pueden enfrentar multas de hasta dos millones de lempiras, además de penas judiciales conforme al Código Penal.

Pobladores han tenido que abandonar sus casas

El abogado también denunció que muchos propietarios han optado por abandonar sus hogares ante la imposibilidad legal de hacer mejoras. “Es un problema grave para familias de escasos recursos que viven en estructuras peligrosas y no tienen apoyo institucional”, añadió.

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El caso de Matamoros ha generado debate sobre la necesidad de actualizar la normativa para que la protección del patrimonio no se convierta en una amenaza para quienes viven en él.