Tres menores identificados con nacionalidad estadounidense fueron deportados recientemente a Honduras junto a sus madres, en un caso que ha generado alarma entre organizaciones migrantes en Estados Unidos; conforme a lo dado a conocer por los defensores de las familias afectadas. Uno de los niños, de tan solo cuatro años, estaba en tratamiento por un cáncer metastásico.

Según informaron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP), las madres y sus hijos fueron detenidos en circunstancias que han sido calificadas como «cuestionables» por sus defensores legales.

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Las aprehensiones se habrían realizado cuando las mujeres asistían a citas programadas en Louisiana como parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP), diseñado para el monitoreo de inmigrantes sin estatus legal.

En uno de los casos, una madre fue deportada junto a su hija de dos años, pese a que la menor tiene ciudadanía estadounidense. El segundo caso involucra a otra madre y sus dos hijos de cuatro y siete años.

Erin Hebert, abogada de una de las familias, denunció que no se le permitió acompañar a su cliente durante la cita y que ICE se negó a informar sobre el paradero de la familia tras su detención. “Fueron deportados en menos de 24 horas, sin acceso a representación legal ni posibilidad de apelar la decisión”, afirmó.

(Foto: cortesía)

Documentos judiciales indican que las mujeres tenían órdenes de deportación dictadas en su ausencia, luego de no presentarse a audiencias migratorias por razones no especificadas. Sin embargo, las defensoras legales sostienen que nunca se les ofreció una opción real sobre el destino de sus hijos, a pesar de que estos son ciudadanos estadounidenses y, en uno de los casos, pacientes en tratamiento médico.

El gobierno ha justificado la deportación argumentando que las madres solicitaron llevarse a los niños consigo, señalando como prueba una nota manuscrita atribuida a una de ellas.

No obstante, Gracie Willis, abogada del NIP, asegura que dicha nota no constituye una declaración válida de consentimiento. “No hubo un proceso justo. La deportación de ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso es ilegal e inconstitucional”, afirmó.

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La situación ha provocado reacciones de condena entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU en Louisiana, advirtió sobre los peligros de este precedente. “Si ICE puede hacer esto con madres embarazadas, niños ciudadanos y personas enfermas que seguían las reglas, nadie está realmente a salvo”.