Miembros del Comité de Probidad y Ética del Hospital General del Sur denunciaron su suspensión después de investigar presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos vencidos y otros productos farmacéuticos. Nelson Cruz, un empleado involucrado, reveló que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) respaldó al comité y lo capacitó en la gestión de auditorías internas. A pesar de este apoyo, la dirección del hospital decidió declarar al comité como inexistente en un momento crítico, cuando los auditores ya habían comenzado a rastrear indicios de corrupción y mal manejo de medicinas, valoradas en millones de lempiras.

Entre las irregularidades detectadas, se encontraron medicamentos vencidos, rechazados y averiados almacenados de manera inapropiada en las bodegas del hospital. Según Cruz, el TSC otorgó directrices claras para abordar estas denuncias, pero después de las investigaciones, la administración del hospital optó por disolver el comité. Esto generó sorpresa entre sus miembros, quienes defendieron que su labor era crucial para salvaguardar los recursos del Estado y garantizar la salud pública.

Lea También: Frente frío en Honduras: ¿Cuánto tiempo durará?

Manej0 de medicamentos vencidos y productos farmacéuticos revela irregularidades en Hospital genera suspensión

El Informe Especial Penal derivado de la auditoría realizada al Almacén Central de Medicamentos de la Secretaría de Salud, reveló que se encontraron 875 lotes de medicamentos, que incluían unidades vencidas, rechazadas y averiadas, sumando un total de 10,869,675 unidades. Este inventario contenía frascos, tabletas y ampollas, muchas de las cuales carecían de la debida documentación soporte. La auditoría también descubrió la falta de controles y supervisión necesarios para asegurar la adecuada gestión de estos productos.

El informe señaló que, aunque algunos lotes de medicamentos estaban acompañados de cartas de compromiso por parte de los proveedores para su reposición, en la práctica no se cumplió con la reposición de los productos, esto provocó pérdidas económicas significativas para el Estado. Miembros del comité y empleados del hospital, como el coordinador del Departamento de Control Interno, Carlos Evan, denunciaron presiones para frenar las auditorías y evitar que se conocieran más detalles sobre la gestión de estos recursos.

Carlos Evan también indicó que, al negarse a disolver el comité, comenzó a recibir amenazas de persecución laboral, la situación se complicó aún más cuando el TSC solicitó en varias ocasiones documentación adicional sobre el inventario de medicamentos y el proceso de adquisición. La Secretaría de Salud, dirigida por la doctora Edna Yolani Batres, no entregó la información solicitada dentro de los plazos establecidos, lo que aumentó las sospechas sobre la transparencia del proceso.