El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) en contra de empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el representante de la empresa de transporte señala los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude en perjuicio de la administración pública durante las elecciones primarias.

Incumplimiento de requisitos técnicos y legales

Según el documento de nueve páginas al que se tuvo acceso, se detallan una serie de irregularidades en el proceso de contratación especial directa del servicio de transporte de material electoral.

En el oficio de compras se exigía que la empresa contratada tuviera experiencia comprobada en el transporte de carga pesada con material sensible y que hubiera ejecutado al menos tres proyectos similares, en términos de magnitud y complejidad.

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Además, el pliego de condiciones especificaba distintos requerimientos técnicos que no fueron evaluados correctamente por la comisión encargada. Las empresas participantes, según las investigaciones, no cumplían con los criterios necesarios para el proceso, lo que llevó a la recomendación de declarar fracasado el procedimiento de licitación y continuar mediante contratación directa.

Presupuesto sobrepasado y omisiones contractuales para contratación del transporte para las elecciones

Otro punto relevante del requerimiento fiscal es que la Comisión Evaluadora tenía conocimiento de que el presupuesto asignado era de 46.6 millones de lempiras, pero aun así calificó una oferta que ascendía a más de 64.7 millones. En cuanto al contrato, se señala que el contratista incumplió lo pactado al utilizar 94 buses de la ruta urbana, los cuales no estaban incluidos en el acuerdo.

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Pese a este incumplimiento, el CNE, a través del funcionario imputado Joel Ramos García, no presentó ninguna reclamación formal, permitiendo así que se materializara la violación de la Ley de Contratación del Estado.

Favorecimiento a terceros y posibles delitos mayores

Finalmente, el documento establece que los imputados actuaron con pleno conocimiento y voluntad de favorecer a terceros en el proceso de adjudicación del proyecto de transporte.

Ante esto, se ha planteado que los delitos señalados en el requerimiento fiscal podrían ser apenas el inicio de un proceso más amplio, que podría derivar en nuevas acusaciones, si se profundizan las investigaciones sobre las fallas en la ejecución del proceso electoral primario.