A solo días de la polémica toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato, el ambiente en Venezuela está marcado por un notable incremento de las medidas de seguridad y un clima de tensión política.

Maduro activó este martes el Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) en todos los estados, una estrategia que busca «garantizar la paz» mediante la coordinación de fuerzas militares, policiales y milicias, según declaró.

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Durante una ceremonia en el Palacio de Miraflores, Maduro destacó el compromiso de las fuerzas oficiales y civiles para «defender la soberanía». Este despliegue, que estará operativo hasta el 9 de enero, coincide con el llamado de la líder opositora María Corina Machado a protestar contra el gobierno dentro y fuera del país.

Caracas, epicentro de los actos oficiales, ha sido sometida a estrictos controles. La avenida Urdaneta, cercana al Palacio de Miraflores, permanece cerrada al tráfico vehicular, mientras que las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde Maduro jurará su cargo el 10 de enero, están bajo fuerte vigilancia. Más de 1.200 efectivos adicionales patrullan la ciudad, según el coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El despliegue no se limita a la capital. En redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha difundido imágenes de operativos en distintas regiones del país. Además, se han intensificado los controles fronterizos, con detenciones de extranjeros acusados de participar en «complots contra el gobierno».

Mientras tanto, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones con el 70% de los votos, ha prometido regresar al país para asumir el poder. Sin embargo, las autoridades han advertido que será arrestado si pisa territorio venezolano.

Por su parte, Machado ha llamado a los ciudadanos a manifestarse masivamente el 9 de enero, a pesar de las amenazas de detención que pesan sobre ella.

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Activistas y organismos internacionales han expresado su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas. «El riesgo de represión es alto, especialmente con el protagonismo militar en la seguridad”, alertó Marino Alvarado, miembro de la ONG Provea.

El 10 de enero podría marcar un punto de inflexión en la crisis política en Venezuela.