A pesar de las recientes declaraciones del gobierno de Honduras sobre la posible suspensión del tratado de extradición con Estados Unidos, expertos en derecho y relaciones internacionales han asegurado que durante los próximos seis meses el proceso de extradiciones seguirá en vigor.

Según analistas, este periodo de tiempo es crucial, ya que permite a ambas naciones negociar y ajustar los términos del tratado antes de que se haga efectiva cualquier modificación o terminación del acuerdo.

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Por lo que, durante este lapso, los ciudadanos hondureños requeridos por la justicia estadounidense continuarán siendo entregados a las autoridades de dicho país para enfrentar los cargos correspondientes.

Mientras tanto, algunos funcionarios del gobierno afirman que con esta decisión Honduras ha ganado respeto y dignidad, pero hay otros que avizoran graves repercusiones para el país.

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Asimismo, la empresa privada también se ha pronunciado ante esta decisión la cual aseguran que fue tomada de manera precipitada y sin ningún análisis adecuado poniendo en riesgo la estabilidad económica, empleos y relaciones internacionales con los socios más importantes de Honduras.