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Naciones Unidas piden a Honduras no limitar la labor periodística

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Apuntan que el artículo 335-B criminaliza como terrorismo una amplia gama de conductas que no tienen ni naturaleza ni finalidad terrorista…

 

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) durante una reunión con el presidente Hernández.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) pidió hoy al Gobierno de Honduras no limitar el ejercicio del periodismo mediante un decreto legislativo en el que se tipifica el delito de apología e incitación a actos de terrorismo.

«El Estado no debe limitar el ejercicio de la función periodística sobre actos o amenazas de terrorismo, a menos que el reportaje tenga la intención de incitar a la violencia o exista una conexión directa entre el reportaje y la probabilidad de que ocurra este tipo de violencia», dijo a periodistas la representante de la OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo.

El artículo 335-B, publicado el 27 de febrero de 2017 en el Diario Oficial, «criminaliza como terrorismo una amplia gama de conductas que no tienen ni naturaleza ni finalidad terrorista», subrayó.

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Ante el rechazo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el diputado oficialista Óscar Álvarez presentó anoche un proyecto orientado a reformar este artículo para que no se limite la tarea informativa de los periodistas que informen sobre actos de terrorismo.

La iniciativa de Álvarez, diputado del Partido Nacional, en el poder, será enviada a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para conocer su opinión, indicó el Congreso Nacional en un comunicado.

Para la representante de la OACNUDH, la reforma al artículo puede «ser indebidamente utilizada para limitar actividades legitimas de protestas y transmisión de información, afectando especialmente a periodistas, defensores de derechos humanos y la oposición política penalizando en la practica la libertad de expresión».

Considera además que estas disposiciones resultan «contrarias al principio de legalidad y podrían ser aplicadas arbitrariamente por ser amplias, vagas o ambiguas».

Pazo dijo que espera que el Parlamento hondureño puedan «llegar a un consenso que conlleve a la libertad de expresión en un Estado democrático».

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