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“Yo solo autorizaba trámites”: Rivera Avilés tras llegar a los juzgados anticorrupción

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El expresidente de la Corte Suprema de Justicia espera salir bien librado de los dos delitos que le señala el Ministerio Público

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, llegó este viernes a los juzgados en materia de corrupción luego de la acusación realizada en su contra cuando presidía el extinto Consejo de la Judicatura, donde también los concejales fueron requeridos por supuesta corrupción.

Declaraciones del expresidente de la CSJ

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“Como expresidente de la Corte Suprema de Justicia y como respetoso de las leyes he atendido la citación que se me dio, estoy listo para responder por cada uno de mis actos y estoy seguro que al final todo se aclarará”, manifestó Avilés.

“De momento quiero disculparme con el pueblo hondureño y con la prensa porque no puedo ser más amplio debido a que cualquier declaración que toque el fondo del asunto podría perjudicarme”, añadió.

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“En un inicio fue de 40 millones de lempiras (el presupuesto), pero luego se bonificó todo con el Poder Judicial”, manifestó.

“La mejor prueba es mi conciencia, yo sé que actué de la manera correcta y en su momento se podrá establecer si tengo o no responsabilidad”, dijo el señalado.

Asegura que solo autorizó trámites

“Más que delegar funciones en el resto de compañeros del Consejo de la Judicatura hay que tener presente que, en el Poder Judicial, hay varias direcciones, y las direcciones son filtros que determinan si un trámite va correcto o no va correcto, el presidente del Poder Judicial, únicamente autoriza a trámites todos los aspectos que se nos están señalando en esta acusación, de tal manera que si es delito autorizar a trámites pues…”, justificó.

Más imputados

Teodoro Bonilla, expresidente del Consejo, también llegó a la declaración de imputado, a Bonilla y a Avilés se les acusa por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

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Al exconcejal, Celino Aguilera, también se le imputan el delito de uso de documentos falsos y malversación de caudales públicos.

Mientras en el caso de los otros concejales Julio Barahona, Francisco Quiroz y Liliam Maldonado, se les imputa el delito de malversación de caudales públicos por parte del Ministerio Público.

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