La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha presentado requerimiento fiscal contra seis personas por la segunda línea de investigación del “Caso Narcopolítica”.
Los encausados fueron identificados como el ex director del Fondo Vial, Hugo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Goméz Gavarrete; su exasistente, Iris Sarmiento Ferreira.
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Asimismo, el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Rivera Maradiaga y su representante legal Nohelia Pacheco Murillo; como a su hermana Irza Fané Pacheco, representante legal de la empresa supervisora ARDIQCO.
Primera fase de Narcopolítica
En la primera fase de este caso acusaron a 12 personas señaladas de formar parte de un esquema “que permitió el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, en su mayoría no realizadas”.
Entre los encausados fueron el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Miguel Rodrigo Pastor, por suponerlo responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos.
“Entre los coimputados figuran Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos”, cita el comunicado.
Obras no realizadas o sobrevaloradas
En ambos expedientes se refieren al otorgamiento de contratos con el fin de realizar diferentes obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
“Inicialmente se comprobó que se les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 47 millones de lempiras (L.50,786,654.12)”, apuntaron.
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Según los investigadores, los contratos se adjudicaron sin que la empresa cumpliera con los requisitos durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa; además que las obras establecidas en su mayoría no se realizaron y las que sí, estaban sobrevaloradas.
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