Inerte, sobre el corredor de un pabellón en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), en el valle de Támara, y en circunstancias aún no esclarecidas, hoy se reportó el hallazgo del cadáver ensabanado de una reclusa.
La versión que por los momentos manejan las autoridades relata un conflicto de la difunta con reas miembros de la pandilla Barrio 18 que, con motivaciones aún difusas, supuestamente ahorcaron a la reclusa hasta culminar con su vida.
Fue luego del atroz asesinato cuando presuntamente decidieron cubrir su cuerpo con una sábana y arrojarlo al vacío, culminando el cruento escenario con un cadáver de una mujer ensangrentado yaciendo sobre el suelo de un lugar desde donde esperaba recuperar su libertad .
«En estos momentos ya se realizó el levantamiento cadavérico en el Centro de Adaptación. [Los médicos forenses] determinarán si fue un suicidio o un homicidio después de realizar la autopsia médico legal», fueron las palabras compartidas a la prensa por Issa Alvarado, vocera del cuerpo de Medicina Forense.
Junto al forense llegó un fiscal y varios policías de investigación, quienes realizaron inspecciones oculares.
El cuerpo de la reclusa sin crimen detallado, que ahora permanece como una víctima sin nombre, fue llevado hasta la morgue capitalina, en tanto que las autoridades continúan tratando de esclarecer este acto cometido en las postrimerías de la justicia.
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Anteriores acusaciones de tortura
Es de resaltar que justo en enero de este año familiares de dos presidiarias en estado de embarazo que eran sometidas a tratos crueles en una zona de las instalaciones denominada La Plancha.
Luego de una visita de inspección del Mecanismo Nacional de Prevención en Honduras, (CONAPREV), este emitió un comunicado en el que establecía que a las personas se les estaban violentando derechos humanos básicos.
“Como órgano de control y prevención de la tortura ha emitido recomendaciones para que a las víctimas se les apliquen principios y tratados internacionales que obligan al Estado de Honduras a prevenir el trato diferenciado que deben darse a las mujeres privadas de libertad, sobre todo a estas mujeres que están en condición especial de embarazo”, detalló
El anarquizado sistema de «reinserción social» hondureño está poblado de lugares como este, en los que en su momento se ha vuelto controversial la intervención de una Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA), fuerza del Estado igualmente cuestionado en materia de garantías constitucionales.
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