Luego de dos años de que Uber empezó a operar en el país, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) decidió tomar cartas en el asunto y sancionó a uno de sus choferes con una multa superior a los dos millones de colones.
Según indican en la Aresep, el castigo al asociado de Uber, se dio por la prestación ilegal de servicio público, impuesta mediante la resolución RRG-449-2017.
«Uber es más que una plataforma tecnológica pues crea una oferta de servicio de transporte remunerado y facilita la prestación de un servicio. Tanto el dueño y el conductor son responsables por esta prestación ilegal»
Indican en la Autoridad Reguladora que para prestar ese tipo de servicio público, se debe tener concesión o permiso del Estado, los cuales son otorgadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), ya que no solo se da el transporte, sino que hay un pago de por medio.
Sin embargo, esta acción no cambia la idea de manifestarse en contra del Gobierno de los taxistas formales (los rojos con un triángulo amarillo), quienes habían avisado esta misma semana que en los próximos días volverían a tomar las calles.
«Esto que está haciendo la Aresep, es algo que debió haber hecho hace dos años. No es posible que la Aresep venga diciéndonos que ya tienen un caso comprobado, cuando hay 16.000 piratas sueltos en la calle; no puede ser posible. Usted puede ir borracho y mata a una persona y mañana lo sueltan, pero si usted es una persona honesta y pelea por su trabajo honesto, lo meten a la cárcel o lo mandan a garrotear», comentó Rubén Vargas, líder del gremio de los taxistas.
Para el dirigente de «los rojos», el Ejecutivo les ha quedado debiendo, por lo que insistirán en las protestas y distintos métodos de presión.
«Ya nosotros sabemos que el Gobierno es un verdadero plato de babas. Que aquí al Presidente (Solís) le meten el gol por la esquina derecha, por la esquina izquierda, se la meten los diputados, se le meten los carajos que venden cemento y el Presidente como si nada».
Vargas aclaró que la manifestación no será con los carros y que solamente se desplazaran hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en San Pedro de Montes de Oca.
«Va a ser una protesta grande, va a ser una protesta a pie, va a ser una protesta en la que vamos a llevar a nuestra familia y vamos a solicitar ser atendidos en la CIDH. Vamos a ir a demostrarle y decirle al mundo que una cosa es lo que se dice de Costa Rica y sus leyes; y otra cosa es lo que aquí en realidad se hace», explicó Vargas.
La Aresep comunicó que los resultados de la investigación los compartió con otras instituciones del Estado, incluidas la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comercio Exterior.
Indican además que se gestionan otros 30 casos de choferes de Uber y 151 de porteadores informales, todos remitidos por la Policía de Tránsito.
Posición de Uber
En la empresa de la aplicación móvil, solo indicaron que se comunicaron con el chofer afectado, pero no dijo si se harán cargo de la multa o no.
Señalaron también que se mantiene su posición de crear nuevas regulaciones para compañías como la suya y que sanciones como ésta son exageradas.
«Reiteramos nuestra posición en la cual consideramos que estas multas son inaplicables, arbitrarias y desproporcionadas», comentó Andrés Echandi, gerente general de Uber para Centroamérica.
El próximo martes, los taxistas definirán los detalles para la protesta que tomará nuevamente las calles del país.
¿Usted qué opina?