Las máximas autoridades del centro penitenciario se presentaron ante el Ministerio Público para ser investigados
La población hondureña sigue en vilo después de la sonada fuga de 18 integrantes de la pandilla Barrio 18 el pasado jueves 11 de mayo, los cuales salieron caminando por la puerta la principal de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto ubicada en Támara, Francisco Morazán.
Ha habido muchas especulaciones, incluso de algunos ángulos que apuntan que no se trató de una fuga, sino de una liberación de los privados de libertad que habría costado entre 10 y 15 millones de lempiras.
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Han pasado 12 días del escape y las autoridades han realizado una serie de operativos infructuosos que no han tenido resultados.
Cabe señalar que los pandilleros fugados eran considerados reclusos de alta peligrosidad y algunos purgaban penas de más de 80 años de cárcel, por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, portación ilegal de armas, robos de vehículos, entre otros.
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Recientemente el propio exdirector de esta cárcel, César Nájera, llegó el mismo a ponerse a las órdenes de los fiscales e investigadores del Ministerio Público para declarar por este hecho que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario. De la misma manera lo hizo el removido subdirector de este recinto Salomón Ferrera.
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Por su parte Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora, expresó en las últimas horas, que es necesario que se busque asistencia técnica internacional para que pueda complementar los esfuerzos nacionales que se han hecho en torno a la creación de nuevas cárceles en el país, asimismo es del criterio que las recientes fugas de pandilleros y menores en conflicto con la ley son un claro ejemplo de que es necesario depurar el sistema penitenciario y al personal que labora en los correccionales.
¿Usted qué opina?