Jeff Sessions amenazó a las «Ciudades Santuario» de no recibir ayuda para combatir el narcotráfico y la delincuencia, sino colaboran con las autoridades federales de inmigración.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal.
El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
“Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales”, dijo Sessions en un comunicado “Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”. Concluyó.
En Estados Unidos existen varias ciudades que son consideradas “Ciudades Santuario” porque sus autoridades se niegan a compartir con las autoridades federales la información con la que cuentan de inmigrantes indocumentados, dificultando con ello que sean localizados y expulsados del país.
Entre ellas están: San Francisco, Chicago, Washington, Los Ángeles, Miami y Nueva York. También existe “El Centro de Estudios sobre Migración”(CIS por sus siglas en inglés) quien asegura que el departamento de justicia ha comprobado que las Ciudades Santuario están violando la ley federal.
Sessions se ha comprometido a hacer del combate a la inmigración y la delincuencia en las calles la principal prioridad del Departamento de Justicia, pero la estrategia lo está enfrentando con algunos líderes municipales, que dicen que la mejor forma de combatir a la delincuencia y ganar la confianza de la comunidad es mantener a la policía local fuera de los asuntos federales de inmigración.
Las ciudades Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
Pero de ahora en adelante las ciudades que deseen participar tendrán que mostrar que permiten comunicación sin trabas entre la policía y las autoridades federales de inmigración, que dan a los agentes acceso a las cárceles con el fin de interrogar a los inmigrantes y que avisan a los agentes con 48 horas de anticipación cuando alguien que esté ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.
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