La Enee firmó proyectos millonarios con Odebrecht desde el 2009, proyectos que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía especial contra la Corrupción ha abierto una investigación por contratos hechos con la compañia Odebrecht. La empresa constructora confesó una serie de sobornos en Latinoamérica y eso trajo a colación contratos hechos en Honduras. Hay posibles implicaciones de ex funcionarios hondureños en este millonario escándalo de corrupción, es por esto que la fiscalía general se alarma, se dispone investigar y llegar al trasfondo del caso.
Desde el 2009 a la fecha, no se había abierto ningún tipo de investigación sobre el contrato de la Enee y Odebrecht según informa el Ministerio Público. La inexistencia de recursos legales obedece a que el contrato “nunca prosperó”, nunca se publicó en la gaceta y la Odebrecht exigía que Honduras pagara montos acordados y no había recursos. Era un contrato de concesión aparentemente porque Honduras tenia que pagar 100 millones de dolares. Explican fuentes.
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Rixi Moncada (quien firmo el contrato en ese tiempo) confirmó que se hizo en conjunto con el gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva, expresidente de Brasil, por medio de un préstamo con el banco de desarrollo de Brasil.
El contrato se firmo, pero no lo publicaron los acuerdos en el diario oficial La Gaceta. Esto en Enero del 2009 bajo la administración de Manuel Zelaya Rosales. Mismo contrato que sufrió cuatro modificaciones en los gobiernos de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa. Además Emil Hawit, ex gerente de la Enee, sostuvo algunas reuniones con los ejecutivos de la empresa constructora de Norberto Odebrecht.
El contrato que se firmo en el 2009 hablaba de llevar a cabo proyectos de las represas hidroeléctricas los Llanitos y Jicatuyo en Santa Bárbara , con 290 megavatios de capacidad instalada a un costo nada más y nada menos que de 800 millones de dolares.
Los sobornos a funcionarios por parte de Odebrecht se han dado en muchos paises de Latinoamérica. Según Estados Unidos corrompió a funcionarios de Brasil, Angola, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. En la lista del Departamento de Justicia Honduras no aparece.
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