Más de 80 altos funcionarios de Venezuela están en “la lista negra”
Con la sanción del vicepresidente, Tareck El Aissami, por el Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico y el terrorismo, el gobierno de Venezuela es por mucho el que más miembros tiene señalados por la justicia estadounidense en Latinoamérica.
Estados Unidos acusa a El Aissami de facilitar el trasiego de droga por el territorio venezolano o sus puertos, incluso de haber acompañado en muchas ocasiones estos traslados, y de proveer pasaportes a ciudadanos del Medio Oriente vinculados con el terrorismo.
De esta forma El Aissami se suma a una larga lista de funcionarios venezolanos señalados por el gobierno estadounidense, cuyas implicaciones más severas son el congelamiento de bienes y cuentas bancarias en el país del norte y la revocatoria de sus visas.
Desde el 2008 hasta 2015, al menos 80 altos funcionarios, la mayoría militares, han sido acusados por presuntas relaciones con el narcotráfico, el terrorismo y con violaciones a los derechos humanos.
La respuesta del presidente, Nicolás Maduro, ha sido en muchas ocasiones catapultar con ascensos a los indiciados, lo que ha sostenido tensa la cuerda bilateral con sus homólogos norteamericanos; primero Obama y ahora Trump.
Casos paradigmáticos son los del general Néstor Reverol, quien dos días después de haber sido incluido en la lista negra de EEUU, fue ascendido a Ministro del Interior, Justicia y Paz, por Maduro en un claro desafío a Washington.
También resalta el caso de un sobrino y un ahijado de la primera dama venezolana, Cilia Flores, capturados en 2015 cuando intentaban negociar el tráfico de 800 kilos de cocaína hacia EEUU y que ahora guardan prisión después de ser declarados culpables en 2016.
Con la promesa de Donald Trump de ir tras funcionarios corruptos de Latinoamérica, esta lista venezolana, al parecer, no hará más que aumentar en los próximos años.
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