Miles de personas se manifestaron la noche del jueves en varias ciudades brasileñas contra un proyecto de ley bajo debate en el Congreso que equipara aborto con homicidio e impone penas de hasta 20 años por interrumpir embarazos de más de 22 semanas, incluso en casos de violación.

La presión de las poderosas bancadas conservadoras en el Legislativo consiguió el miércoles que el texto pasara directo al plenario de la Cámara de Diputados, sin ser debatido antes en las comisiones, lo que encendió las alarmas de los grupos más progresistas.

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En una plaza del centro de Rio de Janeiro alumbrada con velas los manifestantes corearon «Niña no es madre» y levantaron pancartas que rezaban «Es por la vida de las mujeres».

«Los intereses sucios de un Congreso que defiende el derecho del feto pero no defiende el derecho de una niña a no ser obligada a llevar un embarazo producto de una violación», dijo a la AFPTV Vivian Nigri durante la protesta.

La portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Throssell, expresó preocupación por el avance del proyecto.

«Estamos preocupados que este procedimiento de urgencia evita la discusión del proyecto en las comisiones parlamentarias. Y eso es un paso necesario para entender sus implicaciones y su conformidad con los estándares internacionales en derechos humanos», dijo a periodistas el viernes en Ginebra.

El Código Penal actual de Brasil no castiga el aborto en casos de violación ni prevé restricciones de tiempo para que las víctimas lo realicen.

Además, lo autoriza cuando hay riesgo de muerte de la gestante o malformación cerebral del feto.

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Fuera de esas excepciones, practicarse un aborto puede acarrear penas de hasta cuatro años de cárcel.

Pero la reforma impulsada por la influyente bancada evangélica califica como «homicidio simple» cualquier aborto que se practique después de la semana 22, incluyendo los que son para detener una gestación producto de una violación.

Después de ese límite, se considera que la vida del feto es viable fuera del útero.

En estos casos, la nueva norma prevé un castigo de seis a 20 años, el doble del que puede recaer sobre un violador.

Ello puede afectar especialmente a niñas y jóvenes víctimas de violación, que a menudo no se atreven a hablar de lo sucedido o no detectan indicios de embarazo hasta tiempo después.

Datos oficiales señalan que cada 15 minutos una menor de hasta 13 años es violada en Brasil. Además, cerca de 20.000 menores de 14 años se convierten en madres anualmente en el país.

Aún no hay fecha para la votación del proyecto en la Cámara de Diputados.

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Throssell dijo que un comité de la ONU recomendó el mes pasado a Brasil descriminalizar el aborto «en todos los casos» y garantizar que niñas y mujeres puedan acceder al procedimiento de forma segura.

Los manifestantes también salieron a las calles en Sao Paulo, Brasilia y Florianópolis, según imágenes en redes sociales y medios.

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