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Presidente firma primeras 10 medidas para contener el gasto público

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Con 10 medidas la Administración Alvarado Quesada pretende disminuir a corto plazo los gastos del Estado y así reducir el déficit fiscal. Se trata de cuatro decretos, cinco directrices y un proyecto de ley, las cuales fueron presentadas esta semana ante la Asamblea Legislativa.

Estas medidas fueron firmadas este viernes por el presidente de la República, Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien también entregó al mandatario una resolución del Servicio Civil, que sustenta la directriz que congela los puntos de carrera profesional para los funcionarios públicos; es decir, que no crecerá según el costo de vida.

Estas disposiciones están contempladas en la propuesta “Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica”, conjunto de fuertes medidas de contención del gasto que presentó este miércoles y jueves la jerarca de Hacienda a la Asamblea Legislativa, que aplicará el Poder Ejecutivo, en un esfuerzo por enfrentar el déficit fiscal.

Decretos:

  • Modificación de la dedicación exclusiva: se establece una nueva escala para disminuir el pago del incentivo de dedicación exclusiva para todos los nuevos funcionarios (bachillerato se reduce al 10% y para licenciatura a 25% sobre el salario base).
  • Aumento salarial fijo: para los próximos doce meses, en lugar de tener un aumento salarial basado en un porcentaje, se decreta un aumento general fijo de 3.750 colones por semestre, sobre la base del sueldo.
  • Uso de recursos del superávit: se autoriza a las instituciones que reciben transferencias del Presupuesto Nacional para que durante el 2018 y 2019, puedan financiar gastos operativos con recursos de superávit libre.
  • Limitación de reestructuraciones: no se aprobará ninguna reestructuración institucional que implique nuevas erogaciones o creación de plazas.

Directices:

  • Anualidad fija: Instrucción al Servicio Civil para que la anualidad se calcule como un monto nominal fijo en lugar de porcentaje de salario. Esto detiene el crecimiento exponencial de la masa salarial.
  • Congelar el presupuesto:  se establece cero crecimiento con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital. El resto se mantendrá con el mismo monto nominal del que fue en el 2018.
  • Directriz general de Hacienda: entre otras disposiciones, reduce a la mitad el porcentaje de plazas vacantes (de un 50% a un 25%), no iniciar procesos de reasignación de puestos ni crear nuevos pluses o incentivos salariales, fomenta la utilización de la firma digital y el teletrabajo. Asimismo, fija recorte de subpartidas como tiempo, extra, actividades protocolarias, publicidad, transporte y viáticos en el exterior.

  • Alquileres: Establece que no se deben negociar nuevos contratos de alquiler, salvo medidas oficiales por motivo de orden de salud o seguridad, en cuyo caso deberán suscribirse en moneda nacional. Las instituciones deberán negociar el reajuste de precio del alquiler con base en un monto que no supere la inflación proyectada.
  • Renegociación de convenciones colectivas: todas las instituciones que cuenten con convenciones colectivas deberán renegociarlas una vez se llegue a su vencimiento. Los jerarcas tendrán la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes. Las instancias de la Administración Pública están en el deber de denunciar aquellas cláusulas que se consideren abusivas y atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas.

Proyecto de ley

Fue presentado el proyecto de Ley Derogatoria y reforma de artículos relacionados con el pago de prohibición. Ley de Compensación por Pago de Prohibición, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley General de Control Interno, Código Municipal.

En caso de aprobarse, se reducirá al 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura. Modifica, entre otros: porcentaje de pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura, porcentaje base de los sobresueldos por compensación económica de prohibición y porcentaje de pago de prohibición para funcionarios de la auditoría interna. También, porcentaje de sobresueldo por prohibición de los servidores municipales. Esto aplicaría para los nuevos servidores públicos.

La próxima semana, el mandatario Alvarado concretará la firma de otras medidas, enmarcadas en la propuesta de “Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica”.

Tanto el presidente Alvarado como la ministra Aguilar reiteraron que ninguna de las acciones afectará programas sociales ni implicará despedidos ni reducción de salarios, aseguró la jerarca en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa.

“Estas medidas no deben entenderse como la solución sino como la primera fase de una estrategia nacional que derive en una reforma al empleo público, un rediseño institucional, de un sistema tributario más progresivo y moderno acorde con la realidad productiva del país, que le permita a Costa Rica continuar en la senda de crecimiento y desarrollo que nos ha marcado nuestra ya casi bicentenaria tradición democrática”, señaló Aguilar.

En su presentación, la ministra de Hacienda también expuso en detalle el panorama fiscal y el riesgo que enfrentamos como país si no tomamos medidas urgentes, en particular la aprobación de la Ley 20.580 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo futuro está hoy en manos de los diputados.

 

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