El Ministerio de Justicia y Paz presentó la primera política penitenciaria de Costa Rica, con el fin de administrar los centro penales, de una manera «más humana».
La presentación se dio en el auditorio del Colegio de Abogados y en ella participaron la ministra de Justicia Cecilia Sánchez, junto con James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marcelo Bergmann, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, Andrew Coyle, director del International Centre for Prison Studies, y Sara Sullivan, del Vera’s Center on Sentencing and Corrections.
La política penitenciaria es un documento que representa un esfuerzo muy significativo para el país. Se trata de una muestra de voluntad y coordinación institucional hacia una manera más humana de administrar los centros penitenciarios. Implica un replanteamiento del camino recorrido hasta hoy, para involucrar técnicas científicas que han probado ser más efectivas en el abordaje delictivo que la mera venganza.
“La aprobación de este documento llega, además, en tiempos de discursos de mano dura y represión. Las promesas de más encierro y la creación de divisiones arbitrarias entre los habitantes encuentran terreno fértil en el descontento popular creciente. Sin embargo, la razón urge un llamado a la reflexión acerca del modelo social que se quiere para Costa Rica, especialmente, luego de corroborar que son aquellas medidas las responsables de la crítica situación actual”, expresó la ministra Sánchez.
En marzo, dos expertos elaboraron una propuesta inicial que, luego, fue puesta en consulta, durante seis meses, con diversos sectores en diez mesas de trabajo.
Esas mesas involucraron a funcionarios del Ministerio, Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología, la Policía Penitenciaria, el Patronato de Construcciones, la Unidad de Género y población privada de libertad de todo el país.
De igual forma trabajaron en el proyecto el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de Seguridad Pública, diputados de la República, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y expertos internacionales en sistemas penitenciarios de Finlandia, Escocia, Estados Unidos y Uruguay.
En total, han participado unas 150 personas. Los últimos dos encuentros se realizaron en la Universidad Nacional, sede de Liberia y en la Escuela de Capacitación Penitenciaria.
De todo este proceso, se concluyó con un texto base, para ser validado por todos los sectores en el congreso. La política abarca temas como el trabajo, educación, inclusión cultural, inserción social, salud integral, infraestructura y mobiliario, modelo de atención técnica, condiciones ambientales, seguridad, agrupación vincular diferenciada, respeto a los derechos humanos y el enfoque de género.
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