Luego de la aprobación de una nueva ley en Honduras, conoce cómo funcionan las leyes anti-terroristas en la región latinoamericana
El Terrorismo es como la pornografía, lo reconoces al verlo, pero es imposible llegar a una definición aceptada universalmente.
Son las palabras del académico estadounidense Christopher Joyner, quien asegura que ese es el problema de América Latina, respecto al tema. Muchos países de la región han reformado sus leyes anti-terroristas desde 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de ese año en Estados Unidos, sin embargo, organizaciones como Human Rights también denuncian que algunas de esas normas violan la ley internacional y los principios de la defensa de los derechos humanos.
Te llevamos por un breve recorrido por las leyes Anti-terroristas de diferentes países de Latinoamérica.
Brasil
En 2015 aprobaron penas de 16 a 24 años de cárcel para quienes incurran en delitos relacionados con el terrorismo.
Entre los puntos que toca el proyecto se incluye «socavar personas, a través de la violencia o grave amenaza, suscitado por el extremismo político, la intolerancia religiosa o prejuicios raciales, étnicas, de género y xenofóbicos, con el fin de causar un pánico generalizado”.
Argentina
En Argentina, la ley antiterrorista de 2011 contempla castigos para delitos del código penal «cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población» u obligar a autoridades locales, gobiernos y agentes de organizaciones internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Venezuela
Venezuela aprobó en 2012 una ley que define terrorismo de un modo similar a la argentina e incluye actos que puedan «desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país».
La norma fue cuestionada por la oposición porque a su entender busca intimidar y perseguir a contrarios al gobierno.
Chile
La ley antiterrorista fue promulgada en 1984, cuando el régimen de Pinochet enfrentaba una ola de protestas y algunos grupos de oposición validaban la vía armada insurreccional.
En 2010 la ley volvió a ser modificada tras una dramática huelga de hambre de más de 80 días que inició un grupo de comuneros mapuches procesados por la ley.
Según esta última reforma, todavía vigente, se estableció que un delito sólo podía calificarse como terrorista, cuando se actuaba «con la finalidad de producir temor en la población», lo que tiene que ser «judicialmente comprobado». La ley ha sido modificada en varias ocasiones, pero críticos de la misma aseguran que no es suficiente y sigue siendo obsoleta.
Guatemala
En Guatemala, todo lo concerniente al terrorismo está contenido en el artículo 391 del Código Penal que textualmente dice: «Comete tal delito quien, con la finalidad de alterar el orden constitucional del estado o coaccionar a una persona nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura».
Igual calificación corre para quien, con la misma finalidad, ejecutare actos encaminados a provocar incendio o causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos.
El responsable de dichos delitos será sancionado con prisión inconmutable de 10 a 30 años, más una multa de 25,000 dólares a 800,000 dólares.
La normativa agrega: «Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor para la comisión de este delito, el o los responsables serán sancionados con el doble de las penas».
El Salvador
El país centroamericano aprobó en 2006 la Ley Especial contra Actos de Terrorismo para hacerle frente a las maras y pandillas, pero fue hasta 2015 que la Corte Suprema emitió un fallo con el cual desvirtuó varias demandas de inconstitucionalidad y lograron la condena de 200 pandilleros (Mara Salvatrucha y la Pandilla 18). Las penas oscilan entre 40 a 200 años de prisión.
Los expertos cuscatlecos en materia de seguridad, califican como positivos los alcances de la legislación, porque -en su criterio- ha ayudado a judicializar y condenar con mayor facilidad a los miembros de asociaciones ilícitas que generan terror.
La Fiscalía ha llevado a más pandilleros ante los jueces por cargos de terrorismo, un delito que también incluye a quienes proporcionen fondos a estas organizaciones.
Por otra parte, políticos y activistas latinoamericanos han advertido que normas sin definiciones claras para el Terrorismo podrían limitar libertades o derechos como el de la protesta social.
En diversas ocasiones, estas prácticas han sido utilizadas por los gobiernos de todo el mundo para restringir las libertades civiles, eludir normas jurídicas y para perseguir a quien el gobierno considere como indeseable -desde criminales hasta manifestantes.
¿Usted qué opina?