El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo ha publicado en su cuenta de Twitter (X), que no existe ningún artículo en la Constitución, tampoco en ninguna ley que prohíba consultarle al pueblo hondureño sobre cualquier tema.

Esta publicación se debe a que en el hemiciclo legislativo aún no se cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, por lo que el presidente del Legislativo sugirió que la ley sea aprobada por la población. Lo que muchos sectores le han respondido que hay temas que no se puede hacer una consulta popular.

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En ese sentido, Redondo, publicó que sí se puede: “Ya que la soberanía o el poder máximo de la nación reside en el pueblo hondureño. El derecho del pueblo a decidir su propio destino en cualquier materia está por encima de los poderes de Estado”.

De igual manera subraya que ningún político, tampoco un partido político y ningún grupo empresarial va a poder prohibir ejercer el poder al pueblo hondureño.

Para aquellos que dicen que no se puede preguntar al pueblo sobre temas tributarios, les informo lo siguiente:

No existe ningún artículo en la Constitución, ni en ninguna ley, que prohíba, obstaculice, restrinja o disminuya el consultarle al pueblo hondureño sobre cualquier…

— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) October 18, 2024

Además, agregó que: “Con el apoyo de los Congresistas que están a favor del 99 por ciento de las empresas que si pagan impuestos aprobarán la Ley de Justicia Tributaria”.

Así mismo, dijo que el pueblo conocerá quién está con el pueblo y quienes están con quienes tienen empobrecido el país.

¿Qué es la Ley de Justicia Tributaria?

De acuerdo a la información del gobierno, la Ley de Justicia Tributaria establecerá un sistema tributario más justo y equitativo en Honduras. Con esta legislación, se espera aumentar la recaudación de ingresos sin crear nuevos impuestos ni incrementar tasas. La ley permitirá una mayor suficiencia fiscal para atender demandas sociales históricas y cerrará brechas que facilitan la evasión fiscal en el impuesto sobre la renta de altos patrimonios. Además, se elevará la recaudación de impuestos directos de grandes empresas, reduciendo la inequidad en el cobro.

Asimismo, disminuirá el gasto tributario, lo que proporcionará más recursos para inversión pública y evitará que Honduras sea catalogado como paraíso fiscal, evitando así graves consecuencias financieras y reputacionales.

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