El Gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para ejecutar un proyecto de dos millones de dólares en el Bajo Aguán, con el objetivo de frenar el conflicto agrario que desde hace años golpea a esta región del Caribe hondureño. La Secretaría de Derechos Humanos lidera el esfuerzo en el territorio, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abogados Sin Fronteras Canadá y organizaciones comunitarias que impulsan la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos y la prevención de nuevos enfrentamientos.

El proyecto lleva por nombre “Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Aguán a partir de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia” y se desarrollará con recursos del Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz (PBF). Las autoridades han establecido un periodo de 30 meses para implementar las actividades en el territorio.

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La zona del Bajo Aguán arrastra un conflicto agrario prolongado. Desde hace más de una década, los enfrentamientos entre campesinos, empresas privadas, fuerzas de seguridad y grupos criminales han provocado la muerte de aproximadamente 200 personas. Los datos oficiales muestran una combinación de violencia armada, despojo de tierras y falta de acceso a la justicia.

Durante la presentación del proyecto, la cancillería hondureña reafirmó su compromiso con la paz y el desarrollo de las comunidades rurales. El Gobierno que preside Xiomara Castro busca fortalecer la presencia institucional en el Bajo Aguán y ofrecer soluciones concretas a una población históricamente excluida.

Organismos internacionales y sociedad civil acompañan el proyecto en el Bajo Aguán

El abogado Julio Moncada, integrante de la sociedad civil, analizó el impacto del proyecto durante un recorrido por la zona. “Este esfuerzo apunta a fomentar la participación ciudadana, proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos, y reducir la violencia vinculada al conflicto agrario”, expresó Moncada. También explicó que las acciones del proyecto priorizan la prevención de conflictos, el fortalecimiento institucional y la formación en derechos humanos.

La iniciativa también contempla la creación de espacios de diálogo, el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y el acompañamiento legal para los grupos vulnerables. Las autoridades han planteado como meta fortalecer las capacidades de las instituciones locales, mejorar los canales de denuncia y promover la convivencia pacífica entre los distintos sectores.

La presidenta Xiomara Castro destacó que su gobierno continuará priorizando los derechos humanos, especialmente en las regiones más golpeadas por la violencia y la pobreza. “Queremos construir un país justo y en paz. Esta inversión representa un paso hacia la solución de uno de los conflictos más complejos del país”, dijo la mandataria en un comunicado oficial.

Desde 2022, el gobierno creó una comisión especial para atender el conflicto del Aguán, pero hasta ahora no logró frenar por completo la violencia. Con este nuevo proyecto, las autoridades esperan generar un cambio real y sostenible.

Los habitantes del Bajo Aguán han expresado esperanza ante este esfuerzo conjunto. Varias organizaciones comunitarias planean integrarse a las actividades del proyecto para asegurar una implementación efectiva y transparente.

Mediante labores de #ProtecciónAmbiental, @FFAAHN, en coordinación con el @ICFHonduras, Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la @PGHonduras, efectuaron desalojo de asentamientos humanos, inhabilitaron ejes carreteros y cercos de púas en los sectores de Agua Blanca y Aguaquire,… pic.twitter.com/WrQE7Zsl13

— Secretaría de Estado de Defensa Nacional (@Sedenahn) April 24, 2025